El juez cita a los verificadores para que expliquen sus contactos con ETA
La Audiencia Nacional quiere que declaren hoy mismo sobre la entrega de armas
La Audiencia Nacional quiere que los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) que se han reunido con miembros de ETA para comprobar su entrega parcial de armas los identifiquen y declaren sobre todas las circunstancias de sus encuentros. El juez Ismael Moreno les citó ayer como testigos, con objeto de que hoy mismo presten declaración en su juzgado, que es el que está de guardia en la Audiencia. En principio, tres de los integrantes de dicha comisión serán quienes comparezcan ante el juez.
El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, asistirá a los interrogatorios de los verificadores
La iniciativa de citar a los miembros de la comisión partió de la asociación Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), que formalizó su petición presentando un escrito en la Audiencia. El juez Moreno consultó con la Fiscalía, que apoyó la petición de la citada plataforma. A la vista de la posición del fiscal, el juez cursó ayer órdenes a los cuerpos policiales para la localización y citación de los integrantes de la CIV. El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, asistirá a los interrogatorios de los verificadores.
Todo se ha hecho a marchas forzadas. Covite pidió citar a los verificadores en cuanto se difundieron las imágenes en que dos de de ellos, Ronni Kasrils (Sudáfrica) y Ram Mankkalingam (Sri Lanka), aparecían junto a miembros de ETA tras una mesa con algunas armas y diversa munición y explosivos. Junto a Chris Maccabe (Reino Unido) comparecerán ante el juez. Mankkalingam y Kasrils fueron localizados en el aeropuerto de Bilbao cuando ya se disponían a abandonar España. La intención de las vícti- mas es que los comisionados “den toda la información que tengan sobre estos terroristas y precisen dónde estaban, quiénes eran, si conocen su identidad, dónde se reunieron con ellos, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad los detengan de inmediato”. La comisión facilitó el viernes un vídeo de la BBC en el que certifican junto a dos encapu- chados de ETA el sellado de una “cantidad determinada” de armas, munición y explosivos.
El portavoz de la Comisión Internacional de Verificación es el propio Ram Manikkalingam, quien explicó que, en abril del 2013, ETA solicitó “de manera confidencial” a la CIV “que incluyera en su mandato” la verificación de un proceso “unilateral” de sellado y puesta fuera de uso operativo de las armas, munición y explosivos de ETA. Después de que la citada comisión aceptara esa solicitud, en septiembre del mismo año, la banda terrorista le transmitió que “estaba dispuesta a dar el primer paso en este proceso”, que se produjo en enero de este año en su presencia.
Como testigos, los miembros de la CIV tienen obligación de declarar y de decir la verdad de cuanto sepan y se les pregunte. Pero obviamente siempre podrán manifestar que desconocen las cuestiones sobre las que el juez les pregunte, ya sea la identidad de sus interlocutores –que en las imágenes aparecen cubiertos con pasamontañas– o los lugares concretos en que se llevaron a cabo los contactos. De hecho, es más que probable que la diligencia judicial se lleve a cabo sin grandes resultados.
Pero en la Audiencia se estima que hay que intentarlo. Los miembros de la comisión serán
Como testigos, están obligados a decir la verdad, pero se asume que su aportación será limitada
apercibidos de su obligación de colaborar con la justicia, si bien tanto en el juzgado como en la Fiscalía hay plena conciencia de que el vídeo emitido por la BBC comienza explicando que las imágenes se tomaron en enero último en un lugar no identificado.
Aunque los miembros de la comisión no aportaran datos útiles sobre sus contactos, el juez y la Fiscalía quieren preguntarles sobre todos los aspectos de su labor, incluida su financiación. Oficialmente, sufragan su actividad con “fondos de distintas fuentes filantrópicas privadas y públicas”. El criterio dominante en la Audiencia es que esa iniciativa y las imágenes difundidas son parte de una operación de propaganda de ETA y que en absoluto suponen una entrega de armas que merezca ese nombre, aunque se inutilicen algunas.