Prometer por prometer
Recuerdan la promesa de reducir el número de cargos aforados en España? Era verano y el Gobierno del Partido Popular intentaba contrarrestar el efecto causado por los buenos resultados de Podemos en las europeas con su concepto estrella de “la casta” como bandera principal. Una casta que identifican con los partidos mayoritarios, instalados desde hace décadas en el poder, incapaces de conectar con las necesidades reales de los ciudadanos y, encima, protegidos por leyes como la del aforamiento que hacen extremadamente difícil su procesamiento en caso de delito.
Según quien los cuente, en España hay más de 17.000 aforados o cerca de 200.000. En este último caso, la cifra resulta de sumar a los clásicos ministros, diputados y senadores, jueces y fiscales y cargos autonómicos y locales, todos los guardias civiles y policías.
Sólo un mes después de las europeas, el Gobierno español ya anunció que estaba estudiando la reducción de cargos públicos que no pueden ser juzgados por un tribunal ordinario. Era una de las medidas que incluían en la llamada “agenda de la mejora de la calidad democrática”. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguraba que sería un cambio radical: de 17.621 aforados se pasaría a 22. Era el mes de agosto.
En esta nueva ley podemos leer que la limitación del número de aforados se hará cuando sea posible
El recorte del número de aforados tenía incluso el visto bueno del Tribunal Supremo, que, por boca de su presidente, Carlos Lesmes, incluso en una sentencia de julio calificaba de privilegio el aforo y recomendaba la “necesaria” reducción.
Hago estos recordatorios porque posiblemente ustedes, como yo, daban por hecha la reducción de aforados visto el enorme consenso que la medida provocaba. Pues no den nunca nada por hecho en política.
Esta semana la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado la ley del Alto Cargo para enviarla al Senado y, de ahí, al BOE. En esta nueva ley podemos leer que la limitación del número de aforados se hará “en el momento en que sea posible”. La explicación del partido en el Gobierno es que, como debe hacerse una reforma constitucional y de los estatutos de autonomía y ahora resulta complicado por el tema electoral, de momento la cosa queda como estaba. Con el apoyo, por cierto, de CiU y el PNV. Un clásico. Dentro del mismo paquete legislativo también moría otra de las promesas de regeneración democrática: regular de forma estricta el momento en que un alto cargo que ha sido acusado, imputado o investigado por cualquier delito debe cesar. En estos momentos sólo se le destituye cuando hay sentencia condenatoria firme. También en este caso, el PP dice que, como no hay acuerdo partidista, se pospone la reforma para más adelante.
Saquen sus conclusiones sobre cómo mueren promesas y propuestas una vez pasado el incendio mediático o los escándalos. Qué rápido se ha olvidado la famosa desafección de los ciudadanos hacía los políticos y los deseos de corregirla expresados por dirigentes de cara compungida. Qué poco han durado los deseos de cambiar las cosas para que los ciudadanos dejemos de están indignados por tanto jeta a costa de nuestros impuestos. ¿Tienen ustedes también tan mala memoria?