La mezquita de la discordia
El Obispado de Córdoba y la Junta de Andalucía pugnan por controlar el monumento omeya en una polémica creciente
Tres meses. Es el tiempo que tiene la Iglesia en Córdoba para llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la futura gestión de la mezquita omeya. O de la catedral católica, como prefieren las autoridades eclesiales. Si en ese tiempo no se alcanza un consenso, serán los tribunales los que decidan sobre la pugna.
La polémica entre sociedad civil y eclesiástica acerca de la mezquita-catedral de Córdoba se ha incrementado en los últimos meses. Ya no es sólo la polémica por la propiedad del inmueble, que el Cabildo catedralicio inscribió a su nombre en el 2006 pagando 30 euros en el Registro de la Propiedad. La batalla se ha extendido también a la explotación turística y económica del edificio, que ahora controla en solitario la Iglesia y que en el 2013 le reportó nueve millones de euros, sin que tuviera que abonar ningún impuesto por ellos. Limpios. El obispado quiere llegar a un acuerdo pero está muy molesto con lo que define como “ultimátum” de los políticos. “Amenazar con medidas legales no parece lo más adecuado para llegar a un acuerdo”, asegura el portavoz del Cabildo.
El problema que subyace en el fondo es el convencimiento de la Junta de que el obispado está llevando a cabo una estudiada “colonización de la parte musulmana del edificio”. Que quiere borrar todo rastro de la historia árabe de la construcción en el monumento, el segundo más visitado de Andalucía después de la Alhambra. “La iglesia pertenece a la diócesis de Córdoba desde que fue consagrada catedral en 1236”, insisten en el obispado, “y por lo tanto está en su derecho de realizar las acciones litúrgicas que estime oportunas”. La Junta, por su parte, considera que la actual política eclesial puede afectar gravemente al turismo que busca en Córdoba un edificio “distinto y singular”, un monumento que no tiene parangón en ningún otro país occidental.
Amparo Sánchez es estudiante de Historia en la UNED. El pasado puente de la Constitución vio cumplido su deseo de conocer la mezquita. “Cuando llegamos a la entrada me di cuenta de que los carteles sólo me avisaban de que estaba entrando en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Ni una palabra sobre su carácter de antigua mezquita. Por un momento pensé que me había equivocado de lugar”, señala.
“La situación empeoró –continúa Sánchez– cuando después de diez minutos de explicaciones de la guía oficial la mujer no había hecho ni una referencia a la construcción árabe del edificio. Simplemente estaba tergiversando la historia. Así que no pude callarme y le pregunté si la habían aleccionado para que callara sobre el tema. Se montó una buena bronca”, asegura Sánchez.
El escritor Juan Goytisolo escribía hace unos días que “el obispo Demetrio Fernández se ha sacado de la mitra una afirmación mirífica: la mezquita no es una mezquita, ni siquiera una catedral-mezquita, sino un mero templo católico. El bellísimo bosque de arcos y columnas omeya que fascina a millones de visitantes sería, según él, producto de una fugaz intervención musulmana”.
La pasada semana concluyó la exposición Sevilla, ciudad conventual que durante cuatro meses ha ocupado buena parte del “bosque de columnas” del que habla Goytisolo. Así, junto al mihrab de la mezquita podía admirarse una figura de San Juan de Ávila y otras imágenes cristianas procedentes de 44 monasterios de la ciudad. Los turistas parecían confusos ante esta situación.
La Junta estalló definitivamente después de que durante algunos días el concepto mezquita de Córdoba desapareciera en Google Maps. Miles de potenciales interesados en el monumento no lo encontraban en el popular buscador. La Iglesia asegura que no tuvo nada que ver con esta decisión de la empresa norteamericana. Google prefiere no comentar. El Gobierno andaluz exigió que se volviera al concepto de mezquita-catedral, como así sucedió.
La Consejería de Turismo de la Junta, en manos de Rafael Rodríguez, miembro de Izquierda Unida, considera que estas decisiones eclesiales pueden perjudicar la llegada de turistas a la ciudad. “La gente ha escuchado hablar de la mezquita de Córdoba, la más importante del mundo occidental, y se siente atraída por su belleza. Si lo ocultamos, hacemos un flaco favor al monumento y a la ciudad”, asegura un portavoz de la Consejería.
Desde el Cabildo catedralicio señalan que “no lo estaremos haciendo tan mal cuando en 2014 se ha vuelto a batir el récord de visitas”. La Iglesia destina el 30% del importe de las entradas a obras de caridad, el 25% al mantenimiento del edificio y el resto, el 45”, a “actividades culturales, labor pastoral y gastos generales”,
La Iglesia ingresó en el 2013 nueve millones de euros, libres de impuestos El obispado ejecuta una “colonización de la parte musulmana del edificio”
sin especificar más. En 2014 la mezquita-catedral recibió 1,56 millones de visitantes, 130.671 más que en 2013 (9,1%), su mejor registro de la historia tras cinco años de subidas continuadas.
Turismo quiere tomar ahora las riendas del asunto mediante una gestión profesional a través de un órgano mixto donde estén representadas todas las partes, incluido el Ayuntamiento de Córdoba (PP) que en esta polémica se ha alineado con la Iglesia. Sobre la titularidad del monumento, la dirección general de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de contestar a un particular que “no hay indicio alguno de que la mezquita-catedral de Córdoba pudiese ser de titularidad de la Administración general del Estado. El único titular catastral del edificio es el Obispado de Córdoba”.
La sociedad civil está profundamente dividida. Antonio Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, fue el hombre que dio la voz de alarma a comienzos del año pasado sobre la “inmatriculación” realizada por la Iglesia. “Si la situación no se revierte antes de final del 2016, la mezquita será propiedad del obispado hasta el final de los siglos”, asegura. El colectivo que representa aboga por “una gestión pública y transparente del inmueble que incluya a todas las partes. Queremos que tanto el uso litúrgico como el turístico de la mezquita esté gestionado de una forma profesional, y no seguir como hasta ahora, donde el que se beneficia es el Obispado”, indica a La Vanguardia.
Para otra parte de la sociedad, lo que se oculta detrás de la polémica es la intención de la Junta de devolver el edificio a los musulmanes. “Quieren dar satisfacción a una de las principales demandas de la comunidad musulmana desde la falsa y cándida creencia de que, a cambio de la mezquita, nos otorgarían una especie de antídoto o salvoconducto contra la yihad y las permanentes reivindicaciones sobre Al Andalus”, escribía el periodista Eduardo García Serrano.
Está muy molesto con el “ultimátum” de los políticos, pero quiere llegar a un acuerdo Pide “una gestión pública y transparente que incluya a todas las partes”