El Gobierno se plantea multar por la divulgación de sumarios
Catalá pide sancionar a funcionarios y medios que difundan casos judiciales El ministro de Justicia aboga por dar mayor protección a los imputados
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abrió ayer la puerta a una medida polémica: sancionar a funcionarios y medios de comunicación que divulguen causas judiciales que estén bajo secreto de sumario. El ministro hizo la propuesta en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde argumentó que es necesario defender la presunción de inocencia de los imputados y evitar juicios paralelos en los medios. Puesto que estaba en Barcelona, Catalá se refirió a la situación política en Catalunya, pero evitó pronunciarse sobre la querella contra Artur Mas por el 9-N. Insistió en la postura de respeto a la legalidad que pregona Rajoy, aunque, sobre una reforma constitucional, dijo: “Las reglas son las que son, pero se pueden cambiar”.
Cuando todavía colea la polémica por la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como” ley Mordaza”, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, abrió ayer en Barcelona un debate que se antoja cuanto menos igual de controvertido: sancionar a los medios de comunicación que publiquen informaciones sobre investigaciones judiciales en curso.
En una conferencia en el Círculo Ecuestre, Catalá apunto esta po- sibilidad y aseguró que su finalidad es la de defender la “confidencialidad” y la presunción de inocencia de los imputados, evitando juicios paralelos en los medios. En el acto estaban presentes en un foro con numerosos representantes del sector judicial, esta- ba el Fiscal de Catalunya, Romero de Tejada, así como la delegada del Gobierno, Maria Llanos de Luna, y la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.
Aunque advirtió que sus palabras sólo buscan “abrir el debate” y que el Gobierno no se plantea por ahora esta medida, el ministro defendió poner coto a las filtraciones de sumarios, sancionando “con firmeza” a los funcionarios que estén detrás, pero también dar un paso más y sancionar a aquellos medios que las publiciten y obligarles a que cesen en sus informaciones.
“No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia”, dijo. Y es que para Catalá la falta de confidencialidad de los procesos en instrucción penal supone una “falta de respeto a la presunción de inocencia”. Un asunto que no obstante cree el ministro que difícilmente se podrá arreglar “con leyes”.
Al margen de estas declaraciones, Catalá se mostró ayer durante su visita a Catalunya prudente, por momentos conciliador, como queriendo evitar cualquier gesto o declaración que pudiera alimentar la pugna jurídica que mantienen el Gobierno y la Generalitat por la votación del 9-N.
Evitó así hacer cualquier mención a las querellas a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, pero al mismo tiempo mostró la determinación del Gobierno a hacer cumplir la Ley. “Nadie puede pedir al otro que resuelva un conflicto al margen de las reglas, no podemos ignorar el principio de soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles”, afirmó. Dicho esto, el ministro subrayó su “compromiso de buscar soluciones dialogadas” a los problemas y en este sentido abrió tímidamente la puerta a reformar la Constitución: “las reglas son la que son, pero se pueden cambiar”.