La ‘tormenta Innova’ sigue con más registros policiales
El juez investiga delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación, soborno y blanqueo, entre otros
La operación Cirugía, vinculada al caso Innova, continuó ayer con un último registro en el domicilio de Joan Maria Benet, el exgerente de Sagessa (la empresa que gestiona el hospital Sant Joan) y que formaba parte de Innova, el polémico y judicializado holding municipal de Reus, del que ahora todos los partidos reniegan y que ayer llegó hasta la sesión de control del Parlament. Benet, como el resto de detenidos, entre ellos la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis, pasó la noche en la comandancia de la Guardia Civil y fue trasladado al mediodía en un coche policial hasta su casa, donde los agentes realizaron el registro y se llevaron documentación.
La operación, dirigida por el titular del juzgado número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, está relacionada con una de las más de diez piezas separadas que integran el caso. Se trata de la número 4, bajo secreto de sumario, relacionada con la construcción del Hospital Sant Joan de Reus y la contratación de proveedores de servicios sanitarios. Según informó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el juez investiga los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de dinero público, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Junto a Gomis y Benet, también fueron detenidos tres exdirectivos de Sagessa: Enric Agustí, Lluís Nualart y José Augusto García; dos directivos actuales: Antonio Foz y Carles Abelló, y dos empresarios: el fundador de Traiber SL, que produce y comercializa prótesis, Luis Márquez, y el director gerente de Activa Mutuas, Miquel Ángel Puig. Está previsto que todos ellos pasen a disposi- ción judicial entre esta tarde y mañana. La operación policial que, a un mes de las elecciones municipales, ha sacudido al Ayuntamiento de Reus arrancó el martes a primera hora con un espectacular despliegue de 150 agentes y 25 registros y entradas para recabar documentos.
El caso Innova, que estalló hace algo más de tres años, acumula ya más de cincuenta imputados, entre políticos, empresarios, funcionarios, directivos y profesionales liberales. El holding, a través del cual se unificó la gestión de las empresas municipales para reducir costes y obtener ventajas fiscales y financieras, llegó a controlar, bajo la dirección de Josep Prat, el 74% del presupuesto del Ayuntamiento de Reus. Esta gestión no estaba sujeta a los informes del interventor, sino a una auditoría externa. En el caso figuran como principales imputados Josep Prat y Carles Manté, exdirectores del Servei Català de la Salut, y el exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Perez, bajo cuyo mandato se creó Innova.
El actual gobierno municipal (en manos de CiU, tras la marcha del PP) desmanteló la estructura de Innova, que ahora parece no tener paternidad conocida. Al contrario, la pugna consiste en atribuirse el mérito de haber denunciado primero el caso ante los juzgados y en eso rivalizaron ayer
El escándalo tiene ya más de 50 imputados, entre funcionarios, políticos y empresarios
en el Parlament la CUP, el PP e incluso el president Mas, que recordó que fue Carles Pellicer, el alcalde de Reus, quien llevó Innova ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía.
El PSC en Reus insiste en desmarcarse de Innova, renegando de un modelo que engendró el Consistorio cuando lo comandaban los socialistas. En la misma línea, el candidato del PSC a la alcaldía de Reus, Francesc Vallès, se ha distanciado tanto como ha podido de Innova renovando por completo su candidatura para dejar fuera todo aquel con responsabilidades en anteriores gobiernos municipales. Vallès ha pedido siempre que se deje trabajar a la justicia, recordando que él no ha formado parte de ninguno de los consejos de administración de Innova y en cambio, Pellicer , sí.
Desmontar Innova no ha sido para nada tarea fácil. Más bien todo lo contrario; ha sido un trabajo complejo el intentar destejer un entramado de sociedades públicas con parte de participación de capital privado. Precisamente entre quienes han tomado el mando de algunas de las empresas que antes dependían de Innova ha habido una discusión recurrente: la velocidad a la que se debía desmontarse. Algunos opinan que debería haberse actuado con mayor contundencia a la hora de deshacer algunos de los contratos y adjudicaciones de servicios que ahora el juez investiga por “irregulares” y que ha comportado las últimas nueve detenciones.
Los partidos rivalizan ahora en atribuirse el mérito de haber denunciado el caso