Pan para hoy...
Los recortes aplicados durante la crisis en investigación y desarrollo supondrán a medio y largo plazo grandes perjuicios para la economía española, tal como advierte Xavier Vives: “España ha sido en el periodo 2008-2013 el país de la UE con un mayor recorte de la participación del gasto en I+D en el gasto público total: ha pasado de ser el tercer país con mayor gasto público en I+D sobre el total en el 2008 a la posición 15 en el 2013”.
La crisis ha hecho mella en los recursos dedicados a investigación y desarrollo (I+D) en España. Estos alcanzaron un máximo en el 2008 en términos totales aunque los provenientes de la administración pública aún crecieron ligeramente hasta el 2010. El esfuerzo sostenido en I+D en relación con el producto interior bruto (PIB) de Espña alcanzó el 1,35% en el 2008 para descender hasta el 1,24% según el último dato disponible del 2013. En efecto, España recortó distancia con Europa (Unión Europea de los 28) hasta el 2008-2010, pero ahora nos alejamos del 2% de la media comunitaria. Mientras la UE mejora ligeramente su esfuerzo durante la crisis, España lo disminuye. Es interesante observar que los avances más significativos se dan en países procedentes de la ampliación hacia el este (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría y República Checa). Todos estos países, excepto Eslovaquia, ya invirtieron más que España en I+D en porcentaje del PIB el 2013.
¿Qué explica esta disminución del esfuerzo inversor? En primer lugar, la bajada de la contribución pública. De hecho, España ha sido en el periodo 2008-2013 el país de la UE con un mayor recorte de la participación del gasto en I+D en el gasto público total: ha pasado de ser el tercer país con mayor gasto público en I+D sobre el total en el 2008 a la posición 15 en el 2013. Esta reducción de los recursos públicos disponibles se agrava al comprobar que se ejecuta una proporción decreciente del gasto, poco por encima del 50% en el 2014 en la administración central. En segundo lugar, el esfuerzo inversor del sector privado está prácticamente en la mitad de la media europea y la tendencia se ha agravado en el periodo de crisis. Tenemos un sector privado poco innovador, aunque con importantes excepciones. Además, la crisis ha supuesto una
X. VIVES, disminución importante de la colaboración público-privada en materia de I+D.
Las comunidades autónomas han seguido esta tendencia general aunque hay que destacar dos excepciones. El País Vasco es la única comunidad que durante la crisis ha incrementado su gasto per cápita en I+D –algo que ni Navarra ha conseguido, aunque hay regiones, como Catalunya, que lo han reducido muy poco¬ por su capacidad de financiación y política de innovación. Catalunya ha conseguido más de la mitad de los proyectos competitivos otorgados a España del Consejo Europeo de Investigación (ERC) en el periodo 2008-2013. Esto demuestra que una buena política hace la diferencia, no sólo el volumen de gasto importa sino también cómo se gasta.
Un reciente informe de la Comisión Europea proporciona un diagnóstico de las debilidades del sistema científico-técnico español. Muestra, en primer lugar, la existencia de una estructura dual con una elevada calidad en una parte del mismo pero con unos resultados bajos en promedio. En segundo lugar, apunta la presencia de un reducido número de grandes empresas que impulsan la I+D acompañadas de un número de microempresas y pymes innovadoras que es significativamente menor por habi- tante que en el entorno europeo. Finalmente, el sistema tiene una coordinación estatal-regional insuficiente entre administraciones, lo que provoca que no se generen economías de escala y que, en particular, las universidades se enfrenten a problemas generados por una gobernanza dividida entre diferentes niveles administrativos. En el informe se proponen medidas que la comunidad científica ha venido reclamando tales como dar una mayor y real autonomía de gestión a los centros de investigación (en especial a los centros del CSIC) y que estos sean evaluados de manera independiente y mediante revisión internacional; aumentar la parte de la financiación de los centros derivada de fondos asignados en procedimientos competitivos; y promover la colaboración público-privada en la innovación. Asimismo, propone poner en marcha la Agencia Pública de Investigación que, entre otros objetivos, debe servir para dar estabilidad y previsibilidad a las aportaciones públicas y así permitir una planificación a medio y largo plazo a la comunidad científica y empresarial. Este último punto es fundamental. Un esfuerzo continuado se puede malograr en un periodo relativamente corto de reversión en el apoyo a la investigación.
La crisis en España ha implicado un aumento descomunal del desempleo y de la precariedad laboral que ha acabado rebajando los costes salariales. Si bien estas rebajas de costes han aumentado la competitividad de las empresas e impulsado las exportaciones, la mejora de la competitividad no será sostenible sin aumentos de la productividad. Con visión cortoplacista, se ha descuidado la mejora del capital humano y tecnológico mientras se mantenían, por ejemplo, las faraónicas inversiones en el AVE. Los recortes derivados de la crisis al gasto en I+D representarán muy probablemente un perjuicio duradero a la capacidad innovadora y competitiva del país.