Bruselas revisará los criterios para fijar las cuotas de refugiados
Las capitales europeas buscan alternativas a la polémica propuesta de la Comisión
La propuesta de la Comisión Europea para traducir en cifras concretas la solidaridad de los estados miembros con los refugiados políticos que huyen de las guerras del norte de África hace agua antes de comenzar su travesía legislativa. El rechazo ha sido taxativo en Francia, el Reino Unido y España pero también en países más pequeños, descontentos tanto con el concepto en sí de las cuotas como con la cifra de demandantes de protección internacional que les corres- pondería acoger temporalmente. Esta situación ha desencadenado los primeros movimientos para diseñar un plan alternativo, aunque formalmente sobre la base de los proyectos legislativos que la semana que viene presentará la Comisión, explicaron fuentes diplomáticas europeas. “El elemento de la solidaridad se mantendrá, pero no de la forma en que lo ha formulado la Comisión”, explican las fuentes.
Ante el aluvión de críticas recibidas, Bruselas ha asumido que deberá matizar o revisar algunos de los elementos más controvertidos de su estrategia, esbozada la sema- na pasada, como los criterios que determinan cuántos demandantes de asilo debe acoger cada país. Lo que la Comisión Europea no ve negociable es el concepto de la solidaridad en sí. “Estoy dispuesto a discutir sobre los criterios previstos pero, seamos claros, no podemos utilizar esta discusión como excusa para al final no hacer nada”, reclamó ayer ante el pleno del Parlamento Europeo Dimitris Avramopoulos, comisario de Inmigración.
La estrategia de la Comisión Europea afronta el problema más inmediato del repunte del número de llegadas de personas proceden- tes del norte de África a territorio comunitario con una propuesta extraordinaria, puntual y temporal, prevista en los tratados, de reubicar en los 28 países de la Unión a los demandantes de asilo que lleguen en esta situación de emergencia. El sistema, proponen, podría evolucionar hacia uno permanente por el que la Unión Europea se comprometa a repartirse 20.000 plazas de demandantes de asilo al año.
A falta de conocerse más detalles, los gobiernos europeos han planteado a la Comisión numerosos interrogantes que ponen en cuestión la viabilidad política y legal de sus iniciativas. “¿De quién estamos hablando?, ¿de los que llegan a las costas de Italia? ¿o los que están en Grecia?¿o los que se han instalado en Suecia? Son preguntas legítimas que se han hecho”, explican fuentes diplomáticas. También suscita dudas la compatibilidad con el derecho internacional de la idea misma de redistribuir a los recién llegados, cuando lo previsto es estudiar y eventualmente conceder la petición de asilo en el país en que lo piden (y no asignarle otro).
Los criterios de reparto (población, PIB, esfuerzo realizado y nivel de paro) y las cifras en que resulta este cálculo también son objeto de polémica. A Estonia, por ejemplo, le correspondería acoger 326 refugiados, mientras a la vecina Finlandia (con cuatro veces más población y un PIB diez veces ma-
Los gobiernos tienen dudas legales y políticas sobre las propuestas de redistribuir en la UE a los solicitantes de asilo
yor) se le asignaría menos, 293. España –que vería su cuota multiplicada por 10 respecto a las cifras del 2014– ha planteado por su parte que se debe tener más en cuenta el nivel de desempleo (este criterio sólo pesa un 10% en el cómputo) como indicador de las posibilidades de integración en el país de acogida así como la cantidad de emigrantes y asilados ya acogidos voluntariamente en el pasado, además del esfuerzo que se realiza para contener la inmigración irregular en las fronteras de la Unión.
Grandes principios aparte, el regateo entre los gobiernos europeos es evidente. Roma vive en primera línea el drama de los naufragios y las llegadas a sus costas de personas en situaciones más que precarias, pero como recuerdan fuentes diplomáticas del norte de Europa, no es el país que más acoge. La mayoría de las 185.000 personas a las que se concedió asilo el año pasado en la UE (uno de cada tres era sirio) están al norte: 47.600 en Alemania y 33.000 en Suecia, países que con la propuesta de Bruselas verían reducida su cuota, a cambio de subidas en las cifras de acogida en España o Francia.