El tratado de libre comercio con EE.UU.
TODOS los procesos de apertura comercial se han saldado siempre con mayor crecimiento, empleo y progreso derivados del aumento de los intercambios. Por ello, de entrada, hay que confiar en que el tratado de libre comercio que desde hace dos años negocian la Unión Europea (UE) y Estados Unidos será beneficioso para ambos bloques y también para las empresas y los ciudadanos.
El citado proyecto de libre comercio, cuyo nombre oficial es tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, conocido por las siglas de su nombre en inglés –TTIP–, integraría plenamente dos bloques económicos que conjuntamente suponen más de ochocientos millones de habitantes, la mitad de la producción mundial y casi una tercera parte de los intercambios de bienes y servicios. Ello puede comportar un aumento del PIB de Estados Unidos del 0,38% anual desde ahora hasta el 2027, porcentaje que en la UE se elevaría hasta el 0,48% anual. España, en ese escenario, sería uno de los cuatro países más beneficiados por empleo (más de 140.000 puestos de trabajo) y con una mejora del 6,6% en la renta per cápita.
El beneficio económico global parece evidente, pero, en cambio, no sucede lo mismo con el impacto que pueda tener sobre los diferentes sectores, sobre el medio ambiente y sobre el modelo socioeconómico europeo. Hay que tener presente que el TTIP pretende armonizar una economía muy regulada, como la europea, con otra totalmente liberalizada y mucho más competitiva, como la de Estados Unidos. Este hecho ha suscitado temor en numerosos sectores económicos y sociales europeos, como los relacionados con la alimentación, la agricultura, la industria farmacéutica y la energía, entre otros. Asimismo, si bien el citado acuerdo se presenta muy positivo para las grandes empresas, se desconoce aún lo que pueda pasar con las pymes.
El impacto del TTIP en la UE, al margen de los eventuales beneficios globales para el comercio y el empleo, puede ser determinante en muchos ámbitos socioeconómicos, ya que pretende abrir un proceso de liberalización muy amplio no sólo en el comercio de productos y servicios, sino también en finanzas, obras y servicios públicos, compras públicas, regulaciones que son barreras arancelarias ocultas, como medidas fitosanitarias o normativas técnicas, energía, propiedad intelectual, industrias culturales o servicios profesionales.
El asunto más polémico es el arbitraje para resolver las diferencias entre estados e inversores (ISDS en inglés), que es una especie de tribunal privado al cual podrían acudir las empresas que consideren que un gobierno ha incumplido su parte del trato y ha perjudicado sus intereses, lo que se ve desde Europa como un atentado al derecho de los estados y los parlamentos a tomar decisiones.
Ante la preocupación creada en la opinión pública, y ante la escasa transparencia existente sobre las negociaciones en curso, el Parlamento Europeo votará en junio una resolución sobre el TTIP para marcar las líneas rojas que dicho acuerdo de libre comercio no deberá traspasar.
No hay que caer en el alarmismo ni cerrarse en banda a la posibilidad de un mayor progreso de los dos grandes bloques económicos de Occidente, pero es evidente que hay que exigir mayor transparencia a los negociadores y a las instituciones sobre los beneficios y los riesgos que comporta el TTIP.