Leyes y educación

Me parece un disparate que un juzgado pueda dictar no solamente una lengua vehicular, sino cualquier cosa relacionada con la educación. Para eso están las leyes, elaboradas por personas elegidas para representar la voluntad del electorado. El Estatut d’Autonomia de Catalunya atribuye a la Generalitat plenas competencias en materia de educación. Las competencias son plenas, no sujetas a la aprobación de los jueces de turno. Asimismo, la ley sobre la Normalització Lingüística y la ley de Política Lingüística llevan 32 y 17 años en vigor respectivamente. Aprobadas por el Parlament de Catalunya por amplia mayoría, son forzosamente más democráticas que una resolución judicial dictada a instancias de una minoría.

Cuando un juzgado trastoca conceptos establecidos por la vía legal en un Parlamento, no es de extrañar la desafección hacia la política.

PATRICK BONES

Castelldefels