Nawaz Sharif
PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN
Nawaz Sharif (65) deberá dar explicaciones. Ayer se supo que ocho de los diez acusados por el atentado fallido contra Malala (hoy Nobel de la Paz) fueron en realidad absueltos y no condenados como había anunciado su Gobierno.
Ocho de los diez imputados en el sonado atentado contra Malala Yousafzai están en libertad y sin cargos. Los soltó hace más de un mes, “por falta de pruebas”, un tribunal militar pakistaní, tras un juicio a puerta cerrada en la cárcel de Swat. Sólo dos hombres, presumiblemente los dos pistoleros, habrían resultado condenados, a 25 años de cárcel. Estas revelaciones del fiscal, recogidas ayer por France Presse y luego confirmadas por fuentes policiales, han causado revuelo, puesto que la misma fiscalía había pregonado en abril que todos los acusados habían sido sentenciados a cadena perpetua.
El secretismo con que se ha desarrollado el proceso –ostensiblemente por motivos de seguridad– levanta dudas sobre si se pretendía hacer justicia o solo hacerlo ver ante la presión internacional. De hecho, según recoge la misma agencia, los vecinos insinúan que el autor de los disparos, Ataullah Khan, estaría en Afganistán junto al mulá Fazlulá, caudillo del Movimiento Talibán de Pakistán e inductor del atentado.
La puesta en escena con que el ejército de Pakistán anunció la captura de los diez conspiradores contra Malala –apenas un mes antes de que esta recibiera el Premio Nobel de la Paz 2014– ya provocó recelos en su momento.
Como se recordará, Malala Yousufzái recibió un tiro en la cabeza en el 2012 por defender el derecho de las niñas a la educación, lo que la convirtió en un símbolo incómodo para los talibanes, que tantas escuelas habían volado en su valle de Swat. Malala, entonces con quince años, regresaba en autobús de ha- cer un examen de religión.
Ella sobrevivió casi de milagro y tuvo que exiliarse. Pero ese mismo año, más de tres mil civiles pakistaníes murieron víctimas del terrorismo. Otro tanto sucedió al año siguiente. Una espiral de violencia alimentada por la práctica impunidad con que se saldan los delitos de terrorismo, fruto del temor de magistrados, abogados y testigos. En diciembre pasado, la gota que colmó el vaso fue el asalto a una escuela de Peshawar adscrita al ejército, en la que murieron ciento cuarenta niños.
Ante tamaño horror, los partidos políticos pakistaníes reaccionaron con la aprobación unánime de una enmienda constitucional que traslada los casos de terrorismo a tribunales militares. Una medida excepcional, durante dos años, que requerirá en cada caso el
Tribunales castrenses juzgan los casos de terrorismo a puerta cerrada para sustraerse a la intimidación
visto bueno del Gobierno, ante la suspicacia de una clase política acostumbrada a ser represaliada.
Al mismo tiempo, el primer ministro, Nawaz Sharif, ha excluido a los terroristas de la moratoria en la aplicación de la pena capital. Varios condenados en espera ya han sido ejecutados, empezando por los que atentaron contra el estamento militar.
Sin embargo, en abril, el Tribunal Supremo decidió suspender las sentencias de muerte dictadas por tribunales castrenses mientras se resuelven los recursos contra la enmienda. Algo celebrado por los abogados del Tribunal Supremo, que sostienen que estos juicios vulneran las garantías procesales.