Foment propone una agencia para impulsar las infraestructuras prioritarias
La patronal establece un catálogo de veinte obras que considera más urgentes
En plena resaca electoral, con encuentros en pasillos y despachos en busca de acuerdos políticos, Foment del Treball ha decidido lanzar su propio proyecto económico. Hoy, la patronal presentará de manera oficial, ante el Govern de la Generalitat y el Ministerio de Fomento, el plan para la Agència d’Infraestructures de Catalunya, un órgano independiente y financiado por vía mixta (desde fuentes públicas y privadas) que pretende reordenar el modelo de gestión de las infraestructuras catalanas.
“Se trata de definir qué infraestructuras deberían desarrollarse, y en qué orden”, dijo Joaquim Llansó, presidente de la comisión de infraestructuras de la patro- nal, antes de aclarar que, por ahora, el mensaje va sólo dirigido a las autoridades central y autonómica. “Tenemos que esperar a ver qué pasa en el Ayuntamiento de Barcelona (cuya composición se ignora todavía)”, continuó.
“Catalunya aún necesita un buen número de infraestructuras, aunque se hayan hecho muchas desde 1992 (año de los Juegos Olímpicos)”, continuó Llansó, que denunció que el sector de las infraestructuras está sufriendo una importante carencia de recursos –“cada vez van más a educación, sanidad, pensiones o inmigración”, dijo– y que su gestión debería desarrollarse “bajo la máxima transparencia posible”.
Proyectos como el acceso viario y el nuevo acceso ferroviario al puerto de Barcelona, los tramos principales del corredor me- diterráneo, la finalización de las L9 y L10 del metro de Barcelona o las redes principales y secundarias del canal fluvial Segarra-Garrigues figuran entre los 20 proyectos prioritarios del catálogo de la agencia, enmarcados en un escenario más amplio que abarca hasta cien actuaciones básicas. “Las infraestructuras son necesarias para la competitividad de un
El proyecto pretende que las infraestructuras se gestionen bajo la mayor transparencia
territorio –dijo Llansó–. Pero en los próximos años, los presupuestos serán aún más restrictivos... Se deberá priorizar más rigurosamente, seleccionar las inversiones más productivas, sostenibles y socialmente beneficiosas”.
La idea, que ha tomado ejemplo en los proyectos de países más desarrollados (Australia, Canadá, Francia, Nueva Zelanda u Holanda), donde existen agencias similares, pretende subsanar un abanico de fallos en el actual sistema de gobernanza. Según Llansó, la mayoría de decisiones las toman hoy los políticos, y no los técnicos (“la ejecución de la L9 podía haber sido más sencilla”, dijo). “Falta planificación estratégica y territorial, y coordinación entre administraciones”. La agencia propondrá también que los proyectos no se circunscriban al periodo de una legislatura de cuatro años, sino que se prolonguen por diez o quince años. “Aunque sin llegar a concesiones como alguna que tiene la Generalitat, y que no vence ¡hasta el 2096!”. “¿Cómo es posible algo así? –se preguntó–. Ninguna concesión debería pasar de los veinte o los treinta años...”.
Para Joaquim Llansó, responsable del plan, “el presupuesto del sector debería reestudiarse”