El TC declara ilegal el 9-N y Mas llama a replicar en las urnas
La sentencia sostiene que la consulta requería una reforma constitucional El Gobierno invita al president a “tomar nota de una vez por todas”
El Tribunal Constitucional echó ayer el cierre a sus resoluciones sobre la consulta del 9 de noviembre en Catalunya, en la que participaron más de 2,3 millones de personas y que el Gobierno central había recurrido sucesivamente. El Alto Tribunal dejó claro en su sentencia unánime que la Generalitat no puede preguntar a la ciudadanía sobre cuestiones que afectan al “orden constitucional”.
El Tribunal Constitucional (TC) cerró ayer el círculo de sus resoluciones sobre el 9-N y declaró inconstitucionales las iniciativas puestas en marcha por la Generalitat para celebrar la consulta alternativa, en la que participaron más de 2.300.000 personas. En febrero, el TC ya dictó sentencia sobre la convocatoria de la consulta inicialmente prevista, considerándola opuesta a la Constitución. Y ahora ha hecho la misma declaración con respecto al proceso de participación alternativo y todas las actuaciones realizadas por la Generalitat para organizarlo. La conclusión del TC es que cuando la consulta incide sobre “cuestiones fundamentales” resueltas en el período constituyente, la única vía que cabe es la de la reforma de la Constitución en los términos en que ella misma prevé.
Cuantas iniciativas desarrolló el Govern para realizar dicho proce-
La sentencia no entra en consideraciones sobre las querellas contra Mas, Ortega y Rigau El president subraya que, a pesar del fallo, “el 9-N no se puede anular ni borrar”
so alternativo –afirma la sentencia– son “inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la comunidad autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional”. La resolución –aprobada por unanimidad y de la que ha sido ponente la vicepresidenta del TC, Adela Asúa– se apoya para llegar a esta conclusión en el contenido de las dos preguntas realizadas al pueblo de Catalunya en el sentido de si “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado?” y si “¿Quiere que este Estado sea independiente?”.
El TC concluye que “no hay duda” de que plantean “una cuestión que afecta al orden constituido”, al tiempo que inciden “sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resul- tan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos”. Y añade que las preguntas “presuponen un reconocimiento indirecto al pueblo de Catalunya de unas atribuciones que resultan contrarias” a la Constitución, en sus artículos 1 y 168.
La Generalitat, en suma, no tenía competencias para convocar el 9-N en los términos en que lo hizo, por afectar a pilares de la Constitución. Lo que no hace la sentencia es entrar en consideraciones sobre la trascendencia de estas decisiones en el proceso penal que se abrió con la admisión de la querella contra el president Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau. El TC sólo recoge el dato de que las actuaciones ahora declara- das inconstitucionales se pusieron en marcha cuando la consulta del 9-N ya había sido suspendida.
El Gobierno español aplaudió una sentencia que, según su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, demuestra que “frente a la Constitución no caben astucias, ni de hecho ni de derecho”. Y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue incluso más allá y consideró que Artur Mas debería “tomar buena nota” de la decisión de “una vez por todas”. Un criterio exactamente contrario al del Govern de la Generalitat, que por boca del propio president sostuvo que es la confirmación de que la Constitución “se ha convertido en un callejón sin salida para las aspiraciones democráticas de una parte muy significativa del pueblo de Catalunya”.
En una comparecencia de urgencia en la galería gótica del Palau de la Generalitat después de conocer el fallo del Alto Tribunal, Mas subrayó la contradicción que a su juicio representa que la sentencia declare inconstitucional un “mandato democrático” –el ejercicio del derecho a decidir votado mayoritariamente en las elecciones catalanas del 2012– y puso de relieve que, a pesar de todo, el 9-N había sido una realidad: “El 9-N se hizo, y ahora no se puede ni anular ni borrar, figura con letras de oro en la historia democrática de este país”. Y enfatizó también que el hecho de que con esta nueva sentencia “se nos cierren todas las puertas no nos de-
ja otro camino que reforzar el carácter plebiscitario de las elecciones del 27 de septiembre”, Una sentencia que desvinculó, en cualquier caso, de las querellas, con las que a su entender no guarda relación alguna.
Los partidos del bloque soberanista mostraron su rechazo al fallo en la misma dirección y, al igual que el presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC) advirtió que “el 9-N iniciamos un proceso que culminará el 27-S”. En el polo contrario a la independencia, Alicia Sánchez-Camacho (PP) pedía la dimisión de Mas y Matías Alonso (C’s) hablaba de inhabilitación del president. El PSC, por su parte, tampoco se sentía incómodo con una sentencia que señala que la única posibilidad de dar salida a la cuestión es la reforma de la Constitución que el partido lleva tiempo preconizando y que, en palabras de Maurici Lucena, debería hacer reflexionar a Mas de que la consulta solo podrá llevarse a cabo si es pactada con el Estado.
El president sostiene que la sentencia obliga a reforzar el carácter plebiscitario del 27-S El PP reclama la dimisión de Mas y Ciutadans habla de inhabilitación