La prudencia del Banco de España
LA economía española ha corregido una buena parte de los desequilibrios y los resultados que presenta en los últimos meses son alentadores. Sin embargo, la profundidad de la crisis ha dejado su duro legado en forma de endeudamiento y paro, cuya superación requerirá tiempo y esfuerzos adicionales para completar los ajustes emprendidos y fortalecer las bases de la recuperación. En síntesis, este es el mensaje de fondo que lanza el informe anual del Banco de España, que se presentó ayer. Nos dice que vamos mejor, sí, pero que aún no es tiempo de lanzar cohetes. Por un lado, no cuestiona la recuperación que está en marcha, pero se muestra muy prudente a la hora de cantar victoria, porque no duda en magnificar el lastre que arrastra la economía. Su contenido viene a ser un antídoto contra el exceso de optimismo que pueda surgir del simple seguimiento de las estadísticas macroeconómicas y, por ello, alerta de que por primera vez desde que empezó la crisis ha aumentado la proporción de individuos que mantienen sus deudas o las han incrementado, gracias a la mayor facilidad que han encontrado a la hora de recibir financiación por parte de las entidades financieras.
A grandes rasgos, la percepción del Banco de España no es muy diferente de la mostrada hace unos días por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que ha recibido críticas desde diversos sectores, Gobierno incluido. La preocupación que mostró ayer su gobernador, Luis María Linde, en la presentación del informe anual, apunta sobre todo a que pueda perderse de vista la necesidad de mantener el equilibrio financiero. Que los gastos no vuelvan a dispararse frente a los ingresos. Por ello, lanzó una serie de recomendaciones que se inscri- ben dentro de la más pura ortodoxia que ha regido en los últimos tiempos. Por el lado de los ingresos, aboga por un aumento de la imposición indirecta, con una ampliación de las bases del IVA, un incremento de los impuestos especiales y mayor fiscalidad medioambiental, al tiempo que plantea la necesidad de racionalizar la gama de deducciones, bonificaciones y reducciones existentes que erosionan la capacidad recaudatoria de los impuestos. Y por el lado del gasto público, se inclina por asegurar la eficacia de los planes de racionalización ya instaurados y por revisar en profundidad los ajustes en las partidas que mayor incidencia pueden tener en el incipiente crecimiento de la economía, aunque se abstiene de señalar ninguna en concreto.
Al igual que lleva haciendo desde hace años, el informe se muestra crítico con los desequilibrios del mercado laboral, planteando la necesidad de acercar el coste del despido de los contratos indefinidos al de los temporales, para incentivar los primeros, mientras se muestra crítico con las bonificaciones existentes para relanzar la ocupación, porque son caras y califica su éxito de incierto. También el sector inmobiliario recibe su dosis de moderación, ya que mientras cree que el severo ajuste del sector residencial parece haber culminado, afirma que las perspectivas de recuperación no están exentas de incertidumbre.
El problema con el informe del Banco, igual que con el ya mencionado del FMI, es que las recetas de ajuste y aumento de la fiscalidad que propone son, cuando menos, de difícil aplicación política en una sociedad que áun tienen muy presentes los daños causados por la crisis. Es realmente ilusorio pensar que en este momento es viable configurar un Gobierno con ese programa.