Cascos azules y derechos humanos
DE nuevo, un informe de las Naciones Unidas alerta sobre la grave conculcación de derechos humanos por parte de cascos azules enviados a zonas de conflicto o de desastre natural. En esta ocasión se refiere a soldados que el año pasado prestaban su servicio en Haití y en Liberia, que al parecer obtuvieron sexo a cambio de regalos, una práctica muy extendida y perseguida por las Naciones Unidas desde que, en 1994, se conoció un escandaloso caso, con violaciones incluidas, de soldados italianos de la ONU en Somalia. El entonces secretario general, Butros Butros Ghali, decretó “tolerancia cero”, pero el mensaje no parece haber superado el nivel de las buenas intenciones.
La lucha contra los delitos protagonizados por cascos azules, sin embargo, no es fácil porque las mujeres y menores sometidos a estas prácticas se resisten a denunciarlos por miedo. El papel del soldado de las Naciones Unidas en países sometidos a situaciones de miseria extrema por la guerra o por desastres es el de ofrecer seguridad y ayuda a la población. Ocurre además que en el contingente militar y civil desplazado se dan actitudes de predominio, cuando no explícitamente machistas, que favorecen la comisión de estos delitos y que, cuando se dan, acostumbran a ser tratados como un incidente por sus jefes y no se depuran responsabilidades por parte de los gobiernos afectados, que son los que deben actuar judicialmente. Cuando eso ocurre, los procesos se retardan en el tiempo. Las Naciones Unidas tienen establecido un protocolo para terminar con estas prácticas que choca la mayoría de las veces con la inacción del gobierno de turno, si no se trata de un escándalo que causa conmoción y alarma en la opinión pública mundial, lo que ocurre pocas veces. Pero tal como informa el comunicado de la ONU, el problema persiste hasta el punto de que lo califica de sistémico. Desde 1994, cuando se multiplicaron las misiones de cascos azules –en la actualidad hay 120.000 esparcidos por el mundo–, ha habido un rosario de casos que se han denunciado públicamente y se ha apartado a soldados que, en algunas ocasiones, han sido condenados.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo para acabar con estas prácticas, los resultados siguen siendo insuficientes. O los gobiernos afectados actúan para apartar y condenar a las personas que cometen estos delitos o se seguirá insistiendo en un problema que afecta a los derechos humanos de personas en situación de debilidad extrema y a la honorabilidad de las misiones de paz y de ayuda de la comunidad internacional.