El PP tumba las enmiendas a la ley del aborto, que se aplicará en septiembre
Las jóvenes de 16 y 17 años necesitarán el permiso paterno
El Gobierno del PP espera activar en septiembre la reforma de la ley del aborto que vuelve a imponer el permiso paterno en el caso de jóvenes de 16 y 17 años. Como estaba previsto, y sin sobresaltos de fugas de voto, los populares echaron abajo las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural, ERC y BNG. Sólo los cuatro diputados de Unió presentes en el pleno y el único de Unión del Pueblo Navarro apoyaron al PP en el rechazo a todas las enmiendas. En Convergència, que da libertad de voto a los suyos, cuatro de los nueve diputados asistentes rechazaron las propuestas con texto alternativo presentadas por ERC y la Izquierda Plural, ambas con correcciones más allá del rechazo a la reforma. En cuanto a las enmiendas de PSOE y BNG, los convergentes oscilaron entre el apoyo y la abstención.
Los portavoces de oposición contrarios al retoque coincidieron en las críticas de “electoralismo” de la proposición de ley, presentada a modo de solución salomónica después de que el intento de reforma más sustancial costara el cargo al exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. También aludieron a la “incoherencia” que a su juicio supone mantener el grueso de la ley Aído del 2010 –salvo en lo concerniente al permiso paterno para las menores–, pese a tener presenta- do un recurso de inconstitucionalidad sobre el conjunto de esa norma.
Socialistas, portavoces de las formaciones de Izquierda, nacionalistas vascos y UPyD atribuyeron esa aparente contradicción al deseo de satisfacer a una parte del electorado del PP disgustado con el abandono de la ley Gallardón. Como dijo el representante de Compromís, Joan Baldoví, se trataría de “arrancar un puñado de votos de los sectores antiabortistas”. El diputado valenciano llegó a tildar la reforma de “desalmada, cruel e innecesaria”.
Con estas críticas aunque sin tales epítetos coincidió la socialista Carmen Montón, para quien la nueva legislación puede llevar a que chicas de 16 y 17 años embarazadas que padecen situaciones de desarraigo o de malos tratos tengan que recurrir, para abortar, “a unos padres que no existen o que las pegan”.
Como en anteriores trámites de la ley, uno de los argumentos más recurrentes en su contra fue el de su “inutilidad” teniendo en cuenta los resultados de la legislación vigente. El más destacable, dijo Montón, es que el aborto “ha disminuido” con la ley actual, “sobre todo entre menores de 30 años”. Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, dio la razón a la socialista y aportó más datos: “Tras la aplicación de esta norma, no sólo no ha habido más abortos, sino que sólo el 3,6% de los practicados han sido de menores”, señaló. El índice de estas chicas que además no informaron a sus padres o no obtuvieron su consentimiento se limita además al 0,44%, añadió el diputado vasco.
Por parte de ERC, Teresa Jordà llamó a “enterrar el nacional catolicismo” y a superar la ley Aído mediante una ampliación de catorce a veintidós semanas en el plazo legal para abortar: una propuesta que la popular Marta González Vázquez calificó de “absoluto disparate”. La defensora de la reforma afirmó además que “sólo España y la República Checa –dentro de la Unión Europea– permiten aborto a las menores sin consentimiento paterno”. Y subrayó que en Francia, las jóvenes de menos de 18 deben ir acompañadas de sus padres o de un adulto de su entorno.
Una vez rechazadas las en-
Unió vota con el grupo popular, la oposición ve electoralismo y a las asociaciones provida les sabe a poco
miendas a la totalidad, la proposición de ley del PP pasará a los trámites de ponencia y debate de enmiendas parciales en comisión. De ahí, el texto volverá al pleno del Congreso y después al Senado, donde puede quedar aprobada definitivamente o retornar a la Cámara Baja. Los populares prevén en todo caso que la nueva norma obtenga la luz verde final en tres meses.
La eficacia electoral de la reforma no está clara. El Foro Español de la Familia y la Federación de Asociaciones Provida dijeron ayer que los populares cometen un “error” al impulsar una modificación “insuficiente”. El director general del Foro citado, Ignacio García, destacó las “prisas” del Gobierno por sacar adelante una “microrreforma que no va a ningún sitio”. Y agregó: “Si con esto pretenden contentar a los votantes que se han sentido defraudados por el PP, están muy equivocados porque lo cierto es que no contenta a nadie”. La presidenta de la Federación Provida, Alicia Latorre, opinó que “esto es un parche que no soluciona el punto más grave de la ley, que es considerar que quitar la vida a un inocente es un derecho”.