Rajoy lleva las estructuras de Estado catalanas al TC
Advierte a Valencia que recurrirá su agencia tributaria
El Gobierno se alegra de haber recurrido al Tribunal Constitucional la declaración soberanista del Parlament de Catalunya de enero del 2013, aunque en principio pensó no hacerlo, ya que era una mera declaración. Ahora, la doctrina del Alto Tribunal de que la declaró inconstitucional ha servido al Ejecutivo de Mariano Rajoy para presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley 3/2015 del Parlament de Catalunya sobre medidas fiscales, financieras y administrativas, que entre otras cosas crea las estructuras de un hipotético Estado catalán.
En concreto, el recurso, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que supondrá la suspensión inmediata de la ley, si es admitido a trámite, pide que se declare inconstitucional el plan director que haría posible la administración tributaria de Catalunya; el inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Catalunya; el catálogo de infraestructuras estratégicas, la creación de la Agencia catalana de la Protección Social que prevé crear la futura seguridad Social catalana, y el plan directivo relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y de transporte ferroviario.
El recurso subraya que con esa ley y el decreto por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, se trata de culminar el denominado “proceso de transición nacional”, sin respetar las competencias estatales en esas materias que determina la Constitución.
Asimismo, el Gobierno ha decidido recurrir el artículo 34 de la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2015 porque a su juicio supone una extralimitación respecto a los límites establecidos por el Estado para el incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El motivo es que contempla la posibilidad de que puedan tramitarse expedientes de ampliación de plantillas o de creación o reestructuración de unidades orgánicas que comporten un incremento global de los gastos de personal, cuando se refieran a la puesta en funcionamiento de nuevos servicios.
El Ejecutivo aprovechó ayer la interposición de este recurso para advertir a la nueva Generalitat Valenciana, fruto del acuerdo entre el PSOE, Compromís y Podemos, que contempla en el pacto la creación de una Agencia Tributaria, que si invade las competencias del Estado seguirá el mismo camino que las leyes catalanas ayer recurridas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó para recordar a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales surgidos de los pactos entre partidos de izquierda, que la ley de Estabilidad obliga a todos, que los objetivos de déficit y de deuda son compromisos no sólo con el Gobierno de España, sino con las instituciones europeas, y que las leyes “hay que cumplirlas”.
Santamaría también insistió en la preocupación del Gobierno de Mariano Rajoy por los acuerdos del PSOE con “candidaturas con planteamientos más radicales”. La vicepresidenta hizo un llamamiento a la reflexión “a los partidos con vocación nacional”, para que tengan en cuenta el principal objetivo del país, que es la creación de empleo.