Detenida la directora de la Alhambra por malversación
La Fiscalía investiga la concesión del servicio de audioguías
La Alhambra, el edificio más visitado de España con más de 2,4 millones de turistas al año, vuelve a estar en el ojo del huracán. La unidad de delincuencia económica y fiscal de Granada tomó ayer declaración en calidad de detenida a María del Mar Villafranca, directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, por una supuesta concesión irregular del servicio de alquiler de audioguías del monumento. Junto a ella prestaron declaración la secretaria general, Victoria Chamorro, el responsable de asuntos económicos del monumento, José Visedo y dos empresarios. Todos ellos han quedado en libertad con cargos.
La Fiscalía y la Policía Nacional investigan la concesión del servicio de audioguías desde el año 2007 porque hay datos que no cuadran. Sospechan de la existencia de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencia y lavado de dinero.
Villafranca, en una rueda de prensa sin preguntas, defendió su inocencia “avalada por mis once años al frente del patronato”, aunque si finalmente resulta imputada pondrá su cargo a disposición de la Junta de Andalucía. La directora del patronato admitió que el contrato de las audioguías ha podido “tener incidencias, pero nunca de carácter penal”.
Los investigadores tratan de encontrar los motivos que han llevado al patronato a renovar recientemente el servicio a la misma empresa que lo gestiona desde 2007, pese a las múltiples irregularidades detectadas en la gestión y que eran conocidas por los rectores de la Alhambra. Ese año el empresario ganador ofertó un canon fijo de 77.000 euros, más un 47% de la recaudación anual por los alquileres de las audioguías. Sin embargo, y una vez resuelta la adjudicación, las condiciones se modificaron en el contrato firmado el 4 de octubre de 2007. El canon fijo se rebajó de 77.000 a 30.000 euros y el variable del 47% de la recaudación pasó a ser del 15%.
La Agencia Tributaria concluyó a finales del 2014 un informe en el que acusaba al adjudicatario de un posible delito de apropiación indebida y de otro posible delito contable. Pese a ello, el Patronato de la Alhambra acaba de renovar la concesión del servicio a la misma empresa.
No es la primera vez que Mar Villafranca es noticia. A raíz de un polémico proyecto de remodelación del atrio del conjunto monumental, acusó al PP de haber manipulado la información al ubicar esa remodelación en el interior de la Alhambra, cuando en realidad se trataba de modificar y modernizar el acceso a los palacios nazaríes. “¿Creen que van a conseguir votos así? Que los voten los tontos del culo que se crean esas patrañas”, un comentario en Facebook por el que tuvo que pedir disculpas, que no fueron admitidas por los populares quienes exigieron su inmediata dimisión.
Ayer, Villafranca aseguraba que sentía “que se han conculcado mis derechos constitucionales al comunicarme la Policía que estaba detenida por un asunto que ni siquiera ha llegado al juzgado”. El subdelegado del Gobierno en Granada, Sebastián Pérez, calculaba en 5,5 millones de euros la cantidad que se podría haber malversado, sin explicar en qué datos se apoyaba para facilitar esa cifra.
El caso es que llueve sobre mojado en la Alhambra. Un juez de Granada abrió a finales del año pasado juicio oral para 50 implicados en un fraude en la venta de entradas al recinto nazarí, fraude que se produjo de manera continuada entre 2002 y 2005. Para diez acusados solicita nueve años de cárcel y para otros 40 rebaja la pena a cuatro años de prisión. Se trataba de una amplia y compleja trama, encabezada por cinco miembros de una misma familia, que se las ingeniaron para quedarse con el precio de las entradas que pagaban los turistas. La Fiscalía calcula que el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos se elevó a 3,5 millones de euros, y a 3,16 millones los daños materiales que se habrían producido en la Alhambra y el Generalife por los excesos de aforo.
Ahora, la detención de la directora del patronato supone otro grave golpe para una ciudad como Granada y una comunidad como Andalucía, que no pueden permitirse que el buen nombre de su monumento más emblemático se asimile constantemente a la idea de fraude. Otra patata caliente para Rosa Aguilar, la flamante nueva consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
El subdelegado del Gobierno en Granada calcula en 5,5 millones de euros la cantidad malversada