Frente político inédito contra la reforma penal del Gobierno del PP
Toda la oposición se une para llevar la prisión permanente revisable al Constitucional
La oposición en bloque se unió ayer contra el nuevo Código Penal, que entra hoy en vigor. La medida más polémica, que ha facilitado ese común denominador de todos los partidos contra el Gobierno y el PP, es la prisión permanente revisable. Los que la rechazan equiparan su regulación con la cadena perpetua. Y denuncian que se trata de una medida inconstitucional implantada de forma encubierta. Ése es el fundamento del recurso interpuesto ayer mismo ante el Tribunal Constitucional (TC), en una iniciativa conjunta que se produce por primera vez desde los inicios de la transición.
El Gobierno, en cambio, expresó ayer su pleno convencimiento de que la prisión permanente revisable encaja perfectamente con la Constitución y no contradice el principio de reinserción como finalidad de las penas. “Estoy deseando leer la sentencia”, dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, un comentario que comparten en el Ministerio de Justicia. Uno y otros creen que la prisión permanente revisable es una medida “absolutamente homologable” con otras regulaciones legales de nuestro entorno.
La oposición, a su vez, se ha comprometido a derogar esta reforma en cuanto haya una mayoría parlamentaria distinta que lo permita. Antoni Such, portavoz de justicia del PSOE, aseguró en este sentido ayer que dicha medida “no se aplicará nunca en España”.
El Ministerio de Justicia, en cambio, cree que el TC avalará el Código Penal precisamente porque la prisión permanente es revisable. Cuando el reo haya cumplido 25 años ó 35 años de condena, según los casos, el tribunal sentenciador podrá modificar su situación, si existen datos fundados sobre su capacidad de reinserción social. Lo que se quiere evitar es la posibilidad de reincidencia en los delitos más graves contra la vida y/ o la libertad de las personas. El Gobierno argumenta que la legislación actual ya permite los 40 años de prisión, medida que puede ser más grave que la ahora prevista. Y añade que el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial no han objetado esta regulación.
La oposición estima, a su vez, que dicha medida es contraria a no menos de cuatro artículos de la Constitución. El recurso menciona el 25.2, sobre el fin de reinserción de las penas; el 17, sobre el derecho a la libertad y la proporcionalidad de las sanciones; el 15.1, relativo la prohibición de penas in- humanas, y el 25.1, porque se impone una sanción penal de duración indeterminada.
La reforma del Código Penal, no obstante, es mucho más amplia. Supone cambios en 250 artículos de la ley que describe el mínimo ético de la sociedad. Los que siguen son algunos de los más importantes del nuevo texto. Financiación ilegal de partidos. Se prevé una pena de hasta 5 años de prisión para quienes reciban donaciones ilegales destinadas a un partido o participen en organizaciones que tengan por objeto financiarlo ilegalmente. Se entenderá que una donación es ilegal con la aceptación o entrega de 500.000 euros por parte de un ciudadano español, o de 100.000 por parte de un extranjero. Delitos de corrupción. La reforma del Código Penal incrementa las actuales penas de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público en los casos de corrupción. En caso de condena por prevaricación, por ejemplo, la pena oscilaba hasta ahora entre los 7 y los 10 años de inhabilitación para dichos puestos. A partir de ahora, el delito de prevaricación supondrá la inhabilitación durante un período de 9 a 15 años y también se incluirá para ese plazo la supresión del sufragio pasivo. Es decir, la persona que resulte inhabilitada no podrá ejercer cargos de confianza ni ser elegible en una candidatura. Delitos de odio. La legislación actual prevé una pena de hasta tres años para quienes provoquen a la discriminación, el odio o la violencia. El tipo penal se describe mejor y se completa castigando actos que lesionen la dignidad, la humillación o menosprecio a grupos por motivos racistas, antisemitas, o por su orientación sexual o por estar afectados por una enfermedad, por ejemplo. La pena se agrava si se comete a través de Internet y puede alcanzar los cuatro años de prisión. Al Gobierno le preocupa el mal uso de las redes sociales y la Fiscalía va a incrementar su vigilancia y protección ante las vejaciones a las víctimas, frente a la sensación de “impunidad” que ahora existe. El terrorismo y la yihad. Los jueces podrán decretar el cierre de cualquier local, incluso si es de culto, si se acredita que se utiliza para promover el odio y la violencia. El delito de incitación al odio será, en este sentido, aplicable a las personas jurídicas y, por tanto, será posible la clausura de una mezquita, por ejemplo. La sedición. La reforma deja intacto el delito de sedición, contra quienes “se alcen” para impedir “la aplicación de las leyes”. Y en el artículo 573.bis, relativo al terrorismo, se deja claro que ninguna decisión emanada de las instituciones puede equipararse a las acciones del terrorismo para subvertir “el orden constitucional”. Edad de consentimiento sexual. La reforma determina que realizar actos sexuales con menores de 16 años es delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de madurez. Con ello se persigue sobre todo proteger a los menores en la lucha contra la prostitución infantil.