Los temas del día
La necesidad de incrementar el gasto en becas; y la reapertura de la investigación por el mortal accidente del metro de Valencia del año 2006.
NUEVE años después del accidente del metro de Valencia que costó la vida a 43 personas y en el que otras 47 resultaron heridas, las Corts Valencianes han reabierto el caso con la constitución de una comisión de investigación para esclarecer las causas y posibles responsabilidades de aquel luctuoso suceso. No es la primera vez que los parlamentarios valencianos lo investigan. Una comisión parlamentaria, con el Partido Popular con mayoría absoluta en el hemiciclo, concluyó que la causa del accidente había sido el exceso de velocidad, pero no halló responsables. La tenacidad de la asociación de víctimas del metro terminó por demostrar que en la comisión se habían ocultado pruebas y amañado testimonios, lo que obligó al juez a reabrir el caso en el año 2013. Ahora lo hacen las Corts.
La gestión que hicieron el Gobierno y el Parlamento valencianos de aquel accidente fue a todas luces muy deficiente y dejó a las víctimas sin amparo con respecto a su derecho a conocer la verdad. Pero estas no tiraron la toalla. Todo lo contrario. A su presencia cada día 3 de cada mes en la plaza de la Mare de Déu, que recordaba un caso que se había cerrado judicial y parlamentariamente en falso, se sumaron las investigaciones para esclarecer la verdad y lograron por fin que la cuestión se reabra gracias a las nuevas pruebas y al cambio político habido en Valencia tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Un cambio al que, sin duda, no es ajena la gestión del PP de aquel suceso.
Las nuevas Corts, en su primer plenario de ayer, invitaron a las víctimas del metro y aprobaron abrir la comisión de investigación con los únicos votos en contra del Partido Popular. Es de justicia que se conozcan las causas por las que aquel convoy de Ferrocarrils de la Generalitat descarriló fatalmente en una curva, cerca de la estación de Jesús, el día 3 de julio del 2006. Las críticas se centraron en el sistema de frenado automático ante un exceso de velocidad, que no funcionó debido a que no se había instalado en toda la red para abaratar el coste de la obra.
Se da la circunstancia, además, de que tres años antes del accidente otro convoy había descarrilado en la misma curva sin que se tomara ninguna medida. Pero lo peor fue la insensibilidad de los responsables políticos de la Generalitat ante la demanda de la opinión pública sobre las causas del suceso y el amaño de pruebas para obstaculizar la investigación.
Es de esperar que la nueva comisión parlamentaria aclare aquellos hechos y depure las responsabilidades políticas consecuentes. Es de justicia.