El Gobierno ultima los presupuestos para exhibir medidas sociales este mes
Santamaría justifica las prisas en que “somos un gobierno serio que da seguridad”
Era un secreto a voces que nadie admitía. Todos sabían que el Gobierno trabajaba en los presupuestos generales del Estado desde hace meses. De hecho, en marzo desde los ministerios ya se contemplaba la posibilidad de adelantar la aprobación de los presupuestos. Pero nadie lo verbalizaba en público. Ayer, por fin, la vicepresidenta del Gobierno lo reconoció: “Es cierto que se ha acelerado la elaboración de los presupuestos y que ya están muy avanzados”. ¿Cuándo se aprobarán? Soraya Sáenz de Santamaría no le puso fecha: “Lo que a nosotros nos corresponde es tener dispuestos los presupuestos cuanto antes, para cuando el presidente del Gobierno decida que hay que aprobarlos en Consejo de Ministros y remitirlos a las Cortes”.
La fecha no es lo de menos. porque si Rajoy quiere que se aprueben antes de disolver las Cortes, el calendario ya va muy apurado, aunque aún es posible. El Consejo de Ministros aprobará el día 10 el techo de gasto, primer paso para la elaboración de las cuentas, cuyo proyecto de ley debería ser presentado por el Gobierno a finales de mes.
Si Rajoy quiere finalmente dar ese paso, lo que es decisión personal suya, el Ejecutivo también tendrá que solicitar la habilitación del mes de agosto, no sólo de julio, como ya ha hecho para poder aprobar las leyes que quedan pendientes. En agosto se producirían las comparecencias de altos cargos para explicar las cuentas, y el debate de totalidad. También se celebraría en agosto la aprobación en la comisión del Congreso.
Septiembre y alguna semana de octubre serían imprescindibles para su paso por el Senado y la vuelta al Congreso si se produce alguna modificación, aunque el PP ya se encargaría con su rodillo parlamentario de no admitir nada que pueda hacer que esa vuel- ta dé al traste con el calendario de Rajoy para las generales. Aunque está previsto que las elecciones se celebren el 22 o el 29 de noviembre, Rajoy podría apurar y convocar para el 13 de diciembre, con lo que tendría un margen algo más amplio.
Rajoy fue el primero que dio una pista sobre sus intenciones. En el comité ejecutivo en el que anunció los cambios en el partido, el 18 de junio, ya anunció: “Tengo la intención de cumplir el mandato constitucional de presentar los presupuestos generales del año 2016 antes del 30 de septiembre”, que es la fecha límite prevista en la Constitución. Una sorpresa porque con la presentación en tiempo y forma habitual, no daba tiempo a su apro- bación. Pero tanto el ministro Montoro como la vicepresidenta subrayaron que lo importante era tenerlo elaborado y así, si volvían a formar gobierno tras las generales, ya los tendrían listos y no tendrían que sufrir, como en 2011 sufrieron ellos, hasta que pudieron sacarlos adelante.
Pero ahora la vicepresidenta va más allá y asegura que la aprobación antes de disolver las Cortes tienen ventajas porque sirven “para dar estabilidad y seguridad económica”.
Rajoy avanzó un poco más el jueves, en el mismo discurso en el que anunció que se adelantaba la rebaja del IRPF prevista para el 1 de enero: “Como somos un gobierno serio, presentaremos y tramitaremos los presupuestos generales del Estado del año que viene: es lo que conviene y lo que necesita España. Esos presupuestos serán el instrumento para dar seguridad a los españoles, a los distintos agentes económicos y a los mercados. Seguiremos gobernando hasta el último día de la legislatura”.
El Gobierno ya no oculta sus pretensiones. Hacer unos presupuestos que sirvan de atractivo electoral, porque en ellos podrán introducir medidas que favorezcan a los ciudadanos, del estilo del adelanto de la bajada del IRPF. En cualquier caso, servirían de guía de lo que hará el PP si revalida el apoyo ciudadano. Un programa electoral con promesas y partidas prespuestarias con la garantía de que se pondrá en marcha de inmediato. Pero además, la vicepresidenta subraya, como elemento a favor, que si se va a la prórroga presupuestaria, hay determinadas cuestiones que no pueden mantenerse si no hay una aprobación legal concreta para que entren en vigor el 1 de enero de 2016.