La Audiencia reabre el caso de las tarjetas ‘black’ contra Spottorno
Un total de 12 exdirectivos de Caja Madrid vuelven a quedar imputados
El caso de las tarjetas black de Caja Madrid sigue dando vueltas por la Audiencia Nacional, sin que los jueces logren ponerse de acuerdo sobre la trascendencia penal de su uso. Estas discrepancias volvieron a quedar de manifiesto ayer, cuando la sala penal decidió reabrir el proceso por la utilización de dicho instrumento de pago por parte del exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y otros once exdirectivos de la entidad que efectuaron gastos de todo tipo con sus tarjetas.
El juez del caso Bankia, que también investiga sobre las tarjetas opacas, Fernando Andreu, había archivado el asunto con respecto a Spottorno y dichos exdirectivos, considerando que en su caso el uso de las tarjetas se justificaba en términos de complemento salarial. Andreu, a su vez, había seguido el criterio del fiscal encargado de la investigación, Alejandro Luzón, quien distinguía entre las tarjetas para gastos de representación y la destinada a complemento salarial. De ahí que los exconsejeros de Caja Madrid siguieran imputados y los exdirectivos, en cambio, hubieran sido exonerados. Para la Fiscalía, los responsables del fraude de las tarjetas eran los antiguos administradores de la entidad, no quienes las recibieron y usaron como retribución.
La sala penal, en cambio, no comparte estos criterios. Los magistrados Alfonso Guevara (presi- dente), Carmen Lamela (ponente) y Antonio Díaz Delgado han dado la razón a UPyD, que presentó el recurso contra el archivo del asunto para los exdirectivos, considerando que “al menos en este momento” no puede afirmarse que dichos gastos “formaran parte de su retribución fija”, como había dicho el juez.
De este modo se revoca el auto de archivo dictado el pasado 5 de mayo por el magistrado, cuyo análisis considera “precipitado”. El tribunal destaca que las tarjetas black, con las que los doce exdirectivos gastaron 3,4 millones de euros, “carecían de soporte o justificación contractual” y que la entidad no practicaba “la retención oportuna”, como se habría hecho de haberse tratado de “verdaderas remuneraciones”.
La resolución añade que estas percepciones tampoco tenían “reflejo en las nóminas ni en las certificaciones de retenciones de los exdirectivos”. La sala penal estima que el hecho de que algunos exdirectivos dispusieran de dos tarjetas, una de ellas para gastos de representación, no demuestra que la segunda fuera para recibir un complemento salarial. Los magistrados añaden a ello que la circunstancia de que unos tuvieron pin y otros no “pone en duda la libertad de disposición como si de una simple retribución se tratara”.
Los magistrados recuerdan también que no existía ningún acuerdo de los órganos directivos de la entidad que avalara la emisión y entrega de los plásticos, por lo que las tarjetas no tenían “ningún tipo de base legal ni contractual”. Y subrayan que a ello habría que añadir que las partidas destinadas a estos gastos “tampoco se contabilizaban de manera adecuada”, ya que se cargaban en las cuentas de “gastos de órganos de gobierno” y “tratamiento administrativo” y no en el capítulo de retribuciones.
Además de Spottorno (que gastó 223.900 euros), vuelven a quedar imputados el exdirector general de Caja Madrid y número dos de Miguel Blesa, Matías Amat (429.000); el exsecretario general del consejo de administración, Enrique de la Torre (304.000);,y el exdirector de sistemas y organización, Ricardo Morado (443.000 euros). También se reabre el procedimiento en relación con el exdirector de Banca Comercial Ramón Ferraz Ricarte (390.000); el exconsejero delegado de la Corporación Caja Madrid Mariano Pérez Claver (354.100) y el exdirector de comunicación Juan Manuel Astorqui (287.000). La lista se completa con otros cinco exdirectivos de Caja Madrid que gastaron con su tarjeta entre 99.000 y 277.000 euros.
La sala penal estima “precipitado” dar por bueno que algunas tarjetas eran un complemento salarial