Colau enfría el hotel de la torre Agbar

Su edil de Urbanismo insiste en que los promotores han tomado un “atajo legal”, pero que el gobierno aún no ha decidido sobre el proyecto

El gobierno de Ada Colau, por mediación de su teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, se resiste a dar por hecho que la torre Agbar acabe convirtiéndose en un hotel de lujo. El día después de que la empresa propietaria del edificio anunciara que este no se verá afectado por la moratoria hotelera decretada por el Ayuntamiento de Barcelona, Sanz matizó ayer que, aunque los promotores del hotel que quiere abrir la cadena Hyatt han usado un “atajo legal” (obtuvieron el certificado de idoneidad urbanística, paso previo a la solicitud de licencia, dos días antes de la constitución del nuevo gobierno), el Consistorio deberá analizar el proyecto antes de dar- le la preceptiva luz verde. Según la edil, los promotores “se precipitaron diciendo cosas que aún están por ver”.

El viernes, Sanz había admitido que, en el caso de que Enim Capital pidiera la licencia, el Ayuntamiento debería otorgarla por “imperativo legal”. Ayer precisó que el certificado que tienen los inversores les da derecho a presentar en un plazo de seis meses la solicitud de licencia. “Después –añadió ayer– la aceptación a trámite y la resolución de la licencia está sujeta a la moratoria y la suspensión de licencias”.

Janet Sanz insistió en que el Ayuntamiento no hace ninguna excepción con la torre Agbar ni está dispuesto a “aceptar presiones” de nadie. En sus palabras se advierten las contradicciones con las que el gobierno afronta, según la mayoría de grupos de la oposición (CiU, Ciutadans, PSC y PP) el debate sobre el modelo turístico. Ayer, Carina Mejías (C’s), lamentó que “Ada Colau sólo acierta cuando rectifica” y que obstruir el proceso de la torre Agbar “puede suponer indemnizaciones millonarias que tendrían que pagar todos los barceloneses”. Mejías criticó la “improvisación, gesticulación y constante rectificación de las decisiones de Colau”, que pueden provocar pérdida de inversiones y de creación de empleo. A su juicio, la suspensión indiscriminada de licencias es una medida “antieconómica” que perjudica a los barrios sin presión turística.

También Alberto Fernández (PP) lamentó la moratoria, “un chollo” para los municipios vecinos de Barcelona (que pueden captar inversiones hoteleras), y exigió a la alcaldesa “seguridad jurídica para la actividad económica”. También el concejal socialista Daniel Mòdol señaló que el gobierno “crea inseguridad fruto de decisiones improvisadas por la política espectáculo y el gobernar a golpe de titular”, como se ha visto de nuevo en el caso del hotel de la torre Agbar.

Ciutadans, PSC y PP acusan a la alcaldesa de improvisar y crear inseguridad jurídica y económica