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El president de la Generalitat, Artur Mas, tiene previsto hoy convocar unas elecciones de gran transcendencia para Catalunya y para España.
CONFORME a lo anunciado, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, tiene previsto convocar hoy lunes elecciones autonómicas para el próximo 27 de septiembre, unos comicios cuya trascendencia para Catalunya y para España a nadie debe escapar. Tras un azaroso, complicado, fatigoso y, en ocasiones, tenso recorrido político y cívico desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 sobre el Estatut de Catalunya del año 2006, culmina un proceso en el que una parte de la sociedad catalana, muy movilizada, ha exigido una consulta para conocer la opinión de sus ciudadanos sobre el futuro de Catalunya en España. Por tanto, más allá del carácter, plebiscitario o no, que le quieran otorgar los partidos y los electores, está claro que el último domingo del mes próximo será una fecha clave para el futuro.
Una convocatoria que llega después que el Gobierno del Estado haya rechazado de plano la posibilidad de realizar una consulta o referéndum, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y en sintonía con el principal partido de la oposición, el PSOE. Ello ha dado lugar a una querella judicial, en fase procesal de admisión, contra el presidente de la Generalitat, la exvicepresidenta y la consellera de Ensenyament. Y que ha provocado asimismo la ruptura de la coalición entre Convergència i Unió Democràtica, así como escisiones dentro del PSC.
Lo primero que hay que señalar es que, sean cuales sean los resultados de las elecciones, en Barcelona y en Madrid se intentará interpretar estos resultados en relación a lo que piensan los catalanes de su vinculación con España, lo que no es poco tras todo lo ocurrido desde hace cinco años. Pero también es cierto que los resultados obligarán a tomar unas decisiones políticas que, hasta ahora y especialmente desde el Estado, se han echado en falta tras el parapeto de la ley, una actitud inmovilista que desde estas páginas hemos venido señalando de forma crítica porque únicamente ha beneficiado a la radicalización del proceso. Los votos en las urnas dictarán hasta qué punto existe un problema político territorial en España respecto de Catalunya, lo que obligará a unos y otros a intentar resolver el contencioso de forma política y negociada, como bien ha indicado en un par de ocasiones el propio Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, cuando en la sentencia 042/2014 sobre la inconstitucionalidad de una parte de la declaración de soberanía aprobada por el Parlament de Catalunya se dice que “la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El concepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional”. Diálogo y cooperación que no han existido.
Estas son unas elecciones que se convocan en un contexto nuevo por las consecuencias que han tenido la crisis y los casos de corrupción en el mapa electoral español y catalán, con la emergencia de nuevos grupos que han afectado a los principales partidos, con una pérdida de expectativas electorales para el bipartidismo y con los profundos cambios en gobiernos de ciudades y autonomías como resultado de las elecciones del pasado mes de mayo. El fenómeno ha tenido también consecuencias en los partidos tradicionales, que se han visto obligados a poner en marcha unos procesos de renovación que han hecho emerger a políticos más jóvenes, algunos de los cuales han expresado su disposición de reformar en profundidad el modelo salido de la transición. Hasta el punto de que el cuadro político español y catalán se parece muy poco al que había hace cuatro años.
Todo ello es claramente manifiesto en estas elecciones del mes de septiembre, como lo demuestra el hecho de que ningún político repite como cabeza de cartel respecto de los últimos comicios catalanes. Y el escenario del debate no sólo se circunscribe al de independencia sí o no, sino que se ha sumado con fuerza la cuestión social, especialmente en el marco de la crisis financiera y económica. Se da, además, la especial circunstancia de que después de no pocos tiras y aflojas, el sector independentista ha logrado acordar una lista unitaria –como en su día propuso el presidente Mas y con la excepción de la CUP– en la que figurarán personas vinculadas a las organizaciones cívicas que han promovido la necesidad de celebrar una consulta, además de políticos de Convergència, de Esquerra Republicana y de otras formaciones soberanistas.
Frente a este sector, se alinean los que rechazan la separación de Catalunya, con diversos matices que hacen improbable que puedan presentar un frente común ni siquiera después de las elecciones. Desde los que, como PSC y Unió Democràtica, proponen soluciones intermedias a la cuestión con fórmulas federalistas y confederalistas, hasta quienes como el Partido Popular y Ciutadans, son partidarios del statu quo autonómico, también con sus matices propios. Finalmente, está la marca catalana de Podemos, que, junto a ICV, son partidarios del derecho a decidir pero no de la independencia. Un panorama, por tanto, muy complejo, que dibuja un horizonte muy complicado e incierto.
En estas condiciones, es de desear que en la campaña electoral los grupos se centren en aclarar cuál es su propuesta de futuro, exponiendo con claridad sus hojas de ruta, sus programas, así como las herramientas para conseguir las metas que se proponen y los beneficios que pueden sacar los ciudadanos, así como los riesgos para la economía de ese trayecto, una cuestión principal que preocupa a diversos sectores económicos y empresariales. El ciudadano debe votar en conciencia pero con toda la información posible. Es imprescindible conocer los riesgos y beneficios de las propuestas electorales con el máximo realismo. El tiempo de las metáforas ya pasó.