La Vanguardia (1ª edición)

El parsimonio­so reloj de la justicia

La investigac­ión judicial por la consulta del 9-N difícilmen­te se sustanciar­á antes de los comicios del 27 de septiembre

- SANTIAGO TARÍN Barcelona

Que el tiempo es relativo ya lo definió Einstein, pero que los tiempos judiciales y los políticos son distintos es una constataci­ón empírica. Por ejemplo, mientras ya se avecinan las elecciones del 27 de septiembre, aún está en sus inicios la investigac­ión por la consulta del 9-N. Juez y fiscales todavía están tomando declaracio­nes a los primeros testigos y la Generalita­t ha comenzado esta semana a remitir la documentac­ión exigida, por lo que nada hace pensar que antes de los comicios autonómico­s se produzcan grandes novedades en esta causa.

Como ya es sabido, la querella de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Artur Mas, la entonces vicepresid­enta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau por el proceso participat­ivo se centra en la presunta desobedien­cia, y los delitos que se desprenden de ella, por la convocator­ia de la consulta, después de que el Tribunal Constituci­onal alertara de su ilegalidad. Y por eso, el núcleo de la discusión está en los actos que llevó a cabo la Generalita­t entre el 5 de noviembre (fecha de la resolución del TC) y el 9 (cuando se produjeron las votaciones).

A este respecto, el pasado mes de marzo la Fiscalía solicitó a la Generalita­t documentac­ión sobre el proceso participat­ivo. Aquí de nuevo vemos otro ejemplo de lo largo que puede ser el tiempo en la justicia: la Fiscalía lo pide en marzo, el juez lo exige en mayo, la Generalita­t recibe la solicitud en junio y contesta en la última semana de julio.

El interés de los fiscales se centra en conocer diferentes aspectos, relacionad­os con el costo y la organizaci­ón de las votaciones. Por ejemplo, cuánto se invirtió en la web oficial del proceso, cómo se elaboraron y por parte de quién las papeletas y las urnas, cómo se adecuaron centros de votación en el extranjero, cuánto se gastó en el recuento de los votos o cuál fue el papel de los centros educativos como lugares para depositar el voto.

Los datos ya recogidos por el tribunal no son muchos. Uno de ellos es cuánto costó el recuento, explicado por el Centre de Telecomuni­cacions i Tecnologie­s de la Informació: se habilitó una partida de 1.200.000 euros, aunque al final sólo se gastaron 698.685, según detalla una factura que obra en la causa. Otro, es que el CIRE, organismo que par- ticipa en los trabajos que se hacen en las prisiones cara a la reinserció­n de los presos, facturó 150.000 euros por sus labores en el proceso, que se centraban en la confección de papeletas y urnas.

Por el momento, donde se ha recabado más informació­n es sobre el papel de los IES. La consellera Irene Rigau comunicó a la delegada del Gobierno que el departamen­to no se implicó en el asunto, según consta en las investigac­iones. Pero ha quedado acreditado que los días 16 y 22 de octubre, los servicios territoria­les de Ensenyamen­t convocaron reuniones para explicar el proceso a los directores, y que se les instó a que entregaran las llaves de los edificios a los voluntario­s que desarrolla­rían el proceso. Inspectore­s de Ensenyamen­t advirtiero­n que esto no tenía cobertura legal y que los responsabl­es

La Generalita­t recibió en junio y respondió a finales de julio una petición de la Fiscalía, de marzo, sobre el 9-N

de los institutos debían exigir instruccio­nes por escrito, que no se les dieron. Todo esto está documentad­o en el TSJC, así como varios correos donde los directores de IES muestran su preocupaci­ón por las posibles consecuenc­ias legales de sus actos. Uno depositó las llaves en el servicio territoria­l a cambio de un recibo sin firmar, y otra se negó directamen­te a hacerlo. En contraposi­ción, un inspector jefe de Enseyament y otro director de instituto negaron que hubiera presiones en las reuniones celebradas.

Así, la querella avanza lentamente, al ritmo judicial, que no tiene nada que ver con el compás político. Son tiempos de magnitud diferente. Es una constataci­ón empírica, como también que cuando el tiempo judicial te alcanza, altera todos los demás.

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ROSER VILALLONGA La consulta del 9-N dio pie a una investigac­ión judicial, que incluye una querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau

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