Una cementera con pies de barro
Se agudiza el conflicto que enfrenta a la fábrica de Montcada con entidades vecinales
La planta Lafarge de Montcada i Reixac, que en el 2017 cumplirá 100 años, se ha convertido en un vecino incómodo por su supuesta emisión de partículas tóxicas en el aire. La Plataforma Anti Incineración (50 entidades) ha participado en varias protestas para que la fábrica, a 200 metros del casco urbano, cerrase. Le atribuyen el aumento de casos de cáncer y enfermedades respiratorias. Con la entrada del equipo de gobierno formado por ICV-EUiA, ERC y Círculo (Podemos), y la última sentencia del TSJC, en julio, la tensión entre las partes está al rojo vivo.
La alcaldesa, Laura Campos (ICV-EUiA), ha anunciado que el Ayuntamiento “abordará el desmantelamiento de la cementera en este mandato porque consideramos que es una incineradora encubierta. Entendemos y compartimos la preocupación de los vecinos afectados”. El Consistorio impulsará una mesa de negociación en la que participarán también la fábrica, el comité de empresa, la plataforma y la Generalitat. Aún no hay calendario.
El responsable de Medio Ambiente de Lafarge, Jaume Ramon, asegura que las exigencias ambientales son constantes en la fabricación del cemento. “En el 2008, la Generalitat aprobó la autorización con declaración de impacto ambiental y en Territori reciben a diario los valores de nuestras emisiones, que están muy por debajo del mínimo exigido. Cuando apagamos el horno, las emisiones en la atmós- fera son prácticamente las mismas. Por lo tanto, también influye la polución de los coches y de los polígonos”.
Ramon detalla que “los hornos de una incineradora queman los residuos a 400ºC y emiten mucha contaminación, mientras que los nuestros queman a 2.000ºC y lo destruyen todo. Sólo quemamos lo que permite la ley: poso del café, lodos procedentes de depuradoras, harinas cárnicas, restos de poda y, desde 2011, CDR (los descartes de envases y plásticos que no pueden ser reciclados e irían a un vertedero)”. Ese año Territori autorizó a la empresa para que sustituyera parte
El gobierno local (ICVEUiA, ERC y Podemos) quiere el cierre y la empresa dice cumplir todas las exigencias
del combustible fósil que usaba (coque de petróleo, el residuo que se genera tras el refinamiento) por combustible derivado de residuos (los CDR) y se amplió de un 30 a un 43% de quema de los residuos urbanos. El último estudio del catedrático de la Universitat Rovira i Virgili Josep Lluís Domingo concluye que, “en marzo del 2015, se han detectado niveles de metales pesado más bajos en muestras de suelos recogidas alrededor de Lafarge respecto a estudios previos realizados en noviembre del 2008 y abril del 2013”.
El portavoz de la plataforma, José Luis Conejero, y varios vecinos explican que cada día recogen en sus pisos y en sus terrazas “un polvillo oscuro, como hollín, que se mete por todas partes y que nos está matando”. “Esta es la segunda incineradora de Montcada. Hay que cerrarla”, proclama Manuel Gómez, de 72 años, que hace siete que fue diagnosticado de asma y vive desde hace 60 años “debajo de la cementera”,
La incineración aún duele en esta ciudad con muchas servidumbres con Barcelona y “que ya ha pagado suficientes peajes”, dice la alcaldesa. Desde 1975 hasta 1998, hubo una incineradora en la que se quemaban residuos metropolitanos y que tras años de lucha vecinal se sustituyó por el Ecoparc 2.
Lafarge cuenta con 300 trabajadores (140 directos). Según la presidenta del comité de empresa, Conchi Jiménez, el personal se siente “acosado y señalado como culpable. Hay mucha tensión y es muy injusto, ya que cumplimos con los máximas exigencias ambientales y de calidad”. El comité quiere “sentarse en la mesa negociadora para exigir la máxima calidad de la empresa a la dirección, que se respeten los puestos de trabajo, y para enseñar las instalaciones al gobierno, que aún no las ha visto”. Pero hay una línea roja: “No negociaremos el cierre. Hay 300 familias que dependen de esta fábrica y un 80% son trabajadores de Montcada y pueblos vecinos”.