Rajoy sopesa una reforma limitada de la Constitución
El Gobierno abre la puerta a delimitar las competencias del Estado La mayoría de autonomías se ven perjudicadas en el presupuesto
Limitada y consensuada. El Gobierno y el PP parecen moverse después de cuatro años de negar cualquier posibilidad de reforma constitucional. Ahora, no es que la vayan a proponer, pero el mero hecho de abrir el debate ya supone un ligero avance respecto a las posiciones mantenidas hasta ahora. El PP hasta está dispuesto a llevar esta posibilidad en su programa electoral, donde podría figurar que un futuro gobierno de este partido no se opondrá a una reforma de la Constitución siempre y cuando se sepa para qué, ese qué sea limitado, y se haga por consenso. En palabras de un alto dirigente del PP, una reforma donde lo importante será el trabajo previo a la propuesta, o lo que es lo mismo, “que cuando se abra sea con el melón cerrado”.
¿Una reforma, para qué? El PP seguramente no detallará los temas que podrían ser objeto de esa reforma, pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntó ayer algunos en una entrevista concedida a Europa Press, en la que muestra la disposición del Gobierno a una futura reforma de la Constitución en casos muy concretos como la delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas o la modificación de la actual preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona.
Una reforma constitucional que en lo relativo a la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías no es la primera vez que se plantea desde las filas del PP. Sin ir más lejos, en la conferencia política celebrada a primeros de julio, la expresidenta de Aragón y ahora senadora por esta comunidad, Luisa Fernanda Rudí, abogó abiertamente por una reforma constitucional para incluir y precisar qué es la solidaridad y la igualdad entre comunidades autónomas, así como el reparto competencial. Hasta el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones del 2011 habla ya de esta necesidad, aunque no hace ninguna referencia a la modificación de la Carta Magna: “Delimitaremos con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios”.
Lo que sí dejan claro las fuentes del PP consultadas por La Vanguardia es que el reparto compe- tencial no podrá suponer privilegios para ninguna comunidad autónoma. No obstante, las fuentes creen que esa reforma podría ser una puerta abierta para atraer a Catalunya a un consenso constitucional, tras las elecciones del 27-S, ya que el Gobierno no hará un listado cerrado, sino que quiere que sea fruto del consenso. Todavía a finales de julio, el conseller de Presidència, Francesc Homs, se quejaba en el Parlament de que la Generalitat no tiene en estos momentos ninguna competencia exclusiva y “todo está directa o indirectamente intervenido o condicionado” por el Estado.