El juez envía el caso Rato a la Audiencia con más indicios
Existen nuevos datos sobre posible blanqueo en el extranjero
El magistrado Antonio Serrano-Artal, titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, se inhibió ayer en favor de la Audiencia Nacional para que sea este organismo el que siga investigando a Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicitó esta semana al juez que se inhibiera del caso Rato, tras recibir un informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif), que aportaba indicios de delitos nuevos tras las entradas y registros practicados en el despacho y domicilio del que también fuera vicepresidente económico del Gobierno español.
Fuentes jurídicas señalan que la decisión de Serrano-Artal ha consistido en la remisión de una copia de la causa a la Audiencia Nacional, cuyo decanato deberá ahora repartir el asunto y el juez a quien le corresponda aceptarlo. De no ser así, la cuestión de la competencia deberá ser resuelta por el Tribunal Supremo, informa EP.
No obstante, cabe la posibilidad de que la decisión adoptada por el juez del 31 de Madrid sea recurrida por alguna de las partes, como podría ser la defensa de Rato, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Anticorrupción solicitaba que la causa contra Rato y su asesor fiscal Domingo Plazas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales fuese llevada por la Audiencia Nacional al existir indicios de la comisión de delitos cometidos en el extranjero, concretamente blanqueo de capitales relacionados con la inversión en un hotel de Berlín.
Este mismo departamento se opuso a dicha inhibición cuando la solicitó el propio juez Serrano-Artal, el pasado mes de abril, al no creer que la investigación tuviera que ver con el “caso Bankia” que ya investiga el juez Fernando Andreu. Ahora pide que el asunto lo lleve la Audiencia Nacional, sin especificar el juzgado.
En su escrito, Anticorrupción señalaba ahora, sin embargo, que, como resultado de un informe remitido por la Onif al Juzgado el pasado 21 de julio –un día antes de ser citado Rato a declarar, si bien se negó a hacerlo–, han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, re- sultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exmandatario ha sido administrador hasta abril del 2015.
Según la Fiscalía –y el juez SerranoArtal acepta– las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad Kradonara, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad, a su vez, de Rato. Añade que los flujos de dinero que Kradonara remitió a Bagerpleta GmbH entre el 2011 al 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal.
El ministro del Economía del Partido Popular entre 1996 y 2004 tiene otros dos frentes judiciales abiertos. Está imputado por la Audiencia Nacional por un presunto fraude sobre la salida a bolsa de Bankia, entidad que presidió en el 2011. Hay indicios de que él mismo, e incluso altas instancias por aquel entonces en el Banco de España y algún miembro del propio gobierno, llamó a grandes empresas y diversos bancos para que acudieran al debut en el parquet del grupo formado por siete cajas de ahorros. Además, Rato también está imputado por el supuesto uso indebido de tarjetas de crédito con cargo a Caja Madrid y Bankia, también conocido como el caso de las tarjetas black, que le llevó a dejar de ser militante del Partido Popular.
El exvicepresidente está imputado en tres causas judiciales por distintos indicios de delito