Acuerdo para censurar a Colau por el ‘top manta’
Toda la oposición excepto la CUP vota unida para denunciar la “ineficacia” de BComú
Aún no se han cumplido los cien días de gobierno y el equipo de Ada Colau ha sido censurado ya por el conjunto de la oposición, con excepción de la CUP. La comisión de Presidencia acusó a Barcelona en Comú de haber actuado con “ineficacia” en la crisis de los manteros.
La gestión municipal del problema del top manta ha conseguido algo que por ahora parecía poco probable: el consenso entre prácticamente todas las fuerzas de la oposición. Algunos dirían que es una fórmula de consenso pero al revés. CiU, Ciutadans, ERC, PSC y PP votaron ayer en comisión una proposición en la que se denuncia “la ineficacia del gobierno municipal en la defensa del espacio público, la convivencia y la seguridad para abordar el fenómeno de la venta ambulante ilegal así como la permisividad ante esta práctica y la confusión generada en el seno de la Guardia Urbana”.
Todos los grupos menos el del equipo de gobierno y el de la CUP lanzaron los guantes desafiantes a la cara de los representantes de BComú en la comisión de Presidencia, que los grupos de CiU y PP habían forzado para lograr que se abordara en la Casa Gran la extensión geométrica que experimentado este verano en Barcelona la venta ambulante. La primera decepción de la oposición fue comprobar que el concejal encargado de la seguridad en Barcelona, que resulta que es la propia alcaldesa, Ada Colau, no compareció. La esperaban, pero no fue. Lo hizo el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello.
La crisis de la venta ambulante se ha convertido en estos momentos en una polémica que persigue al equipo de gobierno municipal y que, a la vez, ha logrado la unión de fuerzas tan dispares como el PP y ERC. Pisarello no escondió su enfado y embistió con fuerza, en especial contra PP y de manera clara contra CiU, que fue el grupo que presentó la proposición de acuerdo.
El primer teniente de alcalde acusó a los convergentes de hacer “electoralismo”. “Para nosotros, solo la perspectiva policial y de orden público es inadmisible”, comentó desde la mesa de la comisión. “Se trata de un fenómeno que requiere la implicación de todo el personal municipal –comentó el primer teniente de alcalde–, el de seguridad y el de los servicios sociales.
Dijo que la venta ambulante la ejercen personas de “alta vulnerabilidad social”. Y fue en ese momento del discurso cuando dejó caer un bomba verbal teledirigida a dos formaciones concretas. Acusó a los portavoces de CiU y PP en la comisión, Joaquim Forn y Ángeles Esteller, de adoptar una postura “clasista y racista”. “No hay que obsesionarse con el Código Penal”, les espetó.
Amadeu Recasens, el comisionado de Seguridad de Barcelona, que debía repartirse con Pisarello los minutos de intervención asignados al equipo de gobierno, protagonizó una intervención que no llegó al minuto de duración. Su jefe le dejó sin tiempo. Leyó un par de titulares de prensa referentes a choques de la Guardia Urbana con manteros durante el mandato del anterior equipo de gobierno. Insistió en que se trataba de una asunto heredado. Concluyó que no les habían dado “ni cien días” y se llegaba ya a una propuesta como la aprobada por la casi totalidad de grupos de la oposición. Fue una intervención realmente muy breve y hecha desde la gradería compartida por los concejales de la oposición y la prensa.
La concejal popular Ángeles Esteller aprovechó la sorpresa que generó una intervención tan
ACTITUDES PERMISIVAS Acusan a BComú de haber confundido a la Guardia Urbana con las órdenes dictadas
sumamente escueta del comisionado para quejarse de que se había limitado a leer titulares de prensa pero que, sin embargo, no había dado explicaciones sobre las órdenes dadas estos días a la Guardia Urbana, o cuántas identificaciones o multas habían tramitado.
Dirigiéndose directamente a Pisarello, la portavoz popular reclamó en tono airado: “Retire esas palabras inmediatamente. No somos racistas”. Pero el teniente de alcalde no lo hizo. Ni cuando en un tercer turno de intervención que se había reservado el concejal Forn, el convergente se sumó a la petición de Esteller. No hubo rectificación. En esa misma línea, la concejal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, presente en la mesa del equipo de gobierno, envió en paralelo un tuit con esta leyenda: “Una comisión convocada por motivos electoralistas que denota racismo por parte de quien la suscribe: PP, CiU, PSC, ERC, C’s”.
La comisión fue corta incluso en lo referido al debate. El teniente de alcalde recalcó que la vía policial no es ni de lejos para su grupo la solución al problema de la venta ambulante, pero no hizo revelación alguna de importancia salvo el recordatorio de que existe un grupo de trabajo que ha mantenido contactos con comerciantes y también con los vendedores dores ambulantes. Pero no desveló ninguna de las propuestas que recoge un documento, que cuenta con el visto bueno del PSC y sobre el que los socialistas se preguntan por qué no ha visto todavía la luz. Por ello y por los graves hechos de las pedradas de plaza Catalunya, el grupo que encabeza Jaume Collboni, en la persona de Montserrat Ballarín en este caso, votó a favor de la propuesta convergente. También ERC, que se ha distanciado de forma ostensible de BComú desde que las abstenciones del grupo de Colau en el pleno impidieron incorporar a Barcelona a la Associació de Municipis per la Independència. “El gobierno está haciendo activismo, pero hay que gobernar”, dijo el republicano Jordi Coronas mirando a Pisarello. Quizá quiso compensar un poco cuando puso en cuestión la intervención de la Guardia Urbana en la plaza Catalunya, a la hora en que los vende- ambulantes la emprendieron a pedradas hiriendo a una viandante y a cuatro agentes. “Quizá no fue el mejor lugar ni la mejor hora para actuar”, expuso Coronas. En cualquier caso, votó a favor del texto llevada por Convergència a la comisión.
Ese posicionamiento de los dos partidos de la izquierda en favor de la propuesta convergente mereció una desaprobación explícita del teniente de alcalde, quien mostró su sorpresa por los planteamientos de ERC y el PSC.
Josep Garganté, concejal de la CUP, acusó al resto de la oposición de demostrar “una doble moral a prueba de bomba” al presentar y apoyar la propuesta de acuerdo que se debatía. Les acusó de “criminalizar la pobreza” y de que no les preocupaban los vendedores ambulantes. No votó a favor de la propuesta.
Carina Mejías, de Ciutadans, acusó al gobierno municipal de “relajación” ante el problema de la venta ambulante y expuso que esa fase del verano en que, según ella, se había bajado la guardia se había perjudicado a la ciudad. Mejías, que preside el segundo grupo de la oposición por detrás de CiU, se encaró con el portavoz de la CUP. Le dijo que sí que está preocupada por las personas, pero por todas. “Por los desfavorecidos y los débiles (en referencia a los manteros), pero también por los miembros de la Guardia Urbana”. Para la jefa de filas de Ciuta-
dans, los agentes de la policía local andan todavía desconcertados con las órdenes.
Las últimas directrices distribuidas por la dirección de la Urbana a las plantillas puede haber contribuido a suscitar nuevas dudas. Desde hace muy pocos días, en las diferentes comisarías se ha dado instrucciones “de no intervención” en materias de venta ambulante en las zonas portuarias. En caso de extrema necesidad, como los que puedan suscitarse en el Portal de la Pau o el paseo Joan de Borbón, se podrá intervenir únicamente con autorización “del propio jefe de la Guardia Urbana de Barcelona”.
Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona explicaron ayer que el documento es un mero “recordatorio” de los puntos que recoge el convenio en vigor entre la Guardia Urbana y la Policía Portuaria. Las citadas fuentes explicaron que la citada comunicación de recordatorio para los agentes no aporta novedad alguna con respecto a los elementos de coordinación que ya existen entre ambos cuerpos policiales. “El puerto es una zona peligrosa, exige una planificación y un dimensionamiento adecuados y hay que garantizar la seguridad”, explicó un portavoz municipal.
En definitiva, es una directiva –el Ayuntamiento habla de recordatorio– que viene a sumarse sin ir más lejos a una anterior de finales del mes de julio en la que, entre otras cosas, se recordaba a los agentes que no debían intervenir en las instalaciones de metro de o de Renfe. Esa instrucción se vio parcialmente derogada por los hechos cuando, a partir de los graves incidentes de las pedradas de plaza Catalunya, agentes de las USP, los antidisturbios de la Urbana, empezaron a realizar puntos fijos de vigilancia en el vestíbulo de estación de metro de ese enclave de la ciudad.
En los días siguientes a los refuerzos desplegados tras el citado lanzamiento de piedras de las vías del metro por los manteros, la venta ilegal disminuyó y lugares que durante todo el agosto se habían visto inundados de mantas con decenas de productos, aparecían vacías de comercio ambulante ilegal. Este fin de semana se han dado señales de que la situación puede estar mutando de nuevo al haberse empezado a darse casos nuevamente de
en lugares habituales de la capital catalana.
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