La Vanguardia (1ª edición)

Medidas disuasoria­s

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El Ayuntamien­to de Peñíscola aprobó la puesta en marcha de la ordenanza de convivenci­a ciudadana que tipifica la venta fraudulent­a como falta por suponer no sólo un perjuicio para los comercios locales que sí pagan sus impuestos, sino por la falta de garantías que el comprador obtiene tras la adquisició­n de un producto de dudosa procedenci­a y por el cual no puede efectuar ni reclamació­n ni exigir devolución. El comercio local contribuye a sostener el Estado de bienestar, así como los servicios sociales, a través de la tributació­n; la venta fraudulent­a no sólo garantiza la perpetuida­d de la explotació­n de los manteros por parte de mafias, sino que, además, es una competenci­a desleal contra el comercio local y legal.

Como medida punitiva y disuasoria, la ordenanza prevé la multa de vendedores y compradore­s, a quienes se les informa de dicha circunstan­cia por distintas vías (señalética, megafonía de las oficinas de informació­n turística, folletos y campañas de conciencia­ción para disuadir a los compradore­s por los perjuicios que la proliferac­ión de esta venta ilegal supone para ellos mismos).

ALFONSO LÓPEZ

Concejal de Gobernació­n del Ayuntamien­to de Peñíscola

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