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La polémica alrededor de la cruel matanza de un toro durante las fiestas de Tordesillas, y las negociaciones para levantar la moratoria hotelera impuesta por Colau en Barcelona.
LA propuesta de acuerdo para levantar parcialmente la moratoria hotelera en Barcelona impuesta por la alcaldesa Ada Colau, aprobada ayer por todos los grupos de la oposición, excepto la CUP, no es vinculante pero debe ser atendida por el equipo municipal. En primer lugar porque refleja la opinión de la mayoría de representantes municipales y, en segundo lugar, porque no se puede ni se debe penalizar al sector económico más dinámico de la ciudad y que más puestos de trabajo crea.
La propuesta de acuerdo, que fue promovida por Ciutadans y el PSC, plantea unos objetivos razonables, sobre la base de que se levante la suspensión vigente de conceder nuevas licencias de alojamientos turísticos en aquellos barrios que no sufren saturación. Esta petición se argumenta –muy acertadamente– sobre la base de que una moratoria indiscriminada paraliza innecesariamente la actividad económica y la creación de empleo en Barcelona cuando el nivel de paro todavía es muy elevado.
La adopción de medidas cautelares como la decidida por el gobierno municipal de Barcelona, sin haber realizado los estudios necesarios y sin haberlo pactado previamente con el sector, suscita una incertidumbre y una inseguridad jurídica que penalizan no sólo la actividad turística sino el conjunto de futuros negocios e inversiones en la ciudad. La actual moratoria hotelera, si no se corrige, puede representar una pérdida directa de inversiones por valor de más de 1.600 millones de euros y más de 6.000 empleos en sectores como la construcción, la hostelería y empresas auxiliares, sin contabilizar las indemnizaciones que habrá que pagar a muchos de los proyectos afectados –hay un total de 41– que deberán ir a cargo de los presupuestos municipales.
Los grupos municipales de Ciutadans, PSC, CiU, Esquerra y PP han reiterado la gran importancia que tiene para la ciudad que el gobierno municipal rectifique la decisión de la moratoria con la máxima rapidez, dados los graves perjuicios que la misma genera en la ciudad.
Los argumentos de Barcelona en Comú de querer poner fin a la –según su criterio– “desregulación y barra libre en el sector turístico de la ciudad” no se sostienen por la drástica forma en que lo ha hecho, casi por decreto y sin escuchar otras opiniones. Una actividad tan importante como la turística, en materia de inversiones y empleo, requiere que su regulación se realice con el más elevado consenso para buscar el máximo beneficio para todos y dañar los mínimos intereses posibles.
La aceptación por parte del gobierno municipal que preside Ada Colau del acuerdo aprobado ayer debería ser el primer paso para reconducir la situación.