La UE acuerda el reparto de 120.000 refugiados
Es la primera vez que Bruselas toma medidas de calado sobre asilo, pero no por unanimidad La Unión Europea critica a los gobiernos del Este por no combatir los prejuicios xenófobos
La Unión Europea podrá mirarse hoy en el espejo con menos sonrojo que hace una semana cuando las negociaciones para repartir entre sus países a un nuevo contingente de refugiados acabaron en un estrepitoso fracaso y un cruce de acusaciones poco acordes con sus valores.
La urgencia de la situación sobre el terreno, sumada a la fuerte presión política ejercida por Alemania y Francia, llevó ayer a los ministros del Interior europeos a acordar con una rapidez inusitada el reparto de 120.000 personas llegadas recientemente a la Unión en busca de asilo. Hace sólo dos semanas que la Comisión Europea presentó la propuesta legal necesaria para adoptar la decisión. A esa cantidad hay que sumar los 40.000 demandantes de asilo que los gobiernos europeos ya se habían comprometido a repartirse, con lo que la cifra total de beneficiarios de los programas de emergencia (sirios, iraquíes y eritreos) se eleva a 160.000 en los próximos dos años. El acuerdo no exime a los gobiernos de atender las solicitudes de asilo que reciban directamente en su territorio, aunque podrán aplazar temporalmente hasta un 30% de su cuota durante un año si lo justifican correctamente.
El primer año se repartirán a 66.000 personas llegadas a Italia y Grecia y el segundo año, a 54.000. El segundo grupo debía haber salido de Hungría, pero su Gobierno no se considera responsable de esas personas y no quería constar como beneficiario del plan ya que han entrado a la UE por la frontera griega, de modo que también estos saldrán también de Grecia e Italia, u otro país que esté en una situación de emergencia.
Del primer contingente a España le corresponden unos 8.000. La cifra probablemente se revisará a la baja porque Dinamarca, Irlanda, Islandia y Suiza se han apuntado finalmente al plan y asumirán una parte de los refugiados. También la cifra total de demandantes de asilo asignados por la UE a España (unos 19.000 en dos años) previsiblemen- te se rebajará. Quizás en unos meses sean irrelevantes y no sólo en relación con la magnitud de la ola de desplazados actual (se espera un millón de personas este año). Sobre la mesa sigue la propuesta para crear un mecanismo permanente, vinculante y automático de reparto de refugiados, para evitar que se repitan discusiones como las últimas semanas, y agilizar las decisiones.
“Los derechos humanos y la aco- gida de refugiados está en el ADN, en el código genético de la Unión”, afirmó el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. “Todo el mundo ha entendido que tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, dijo. A pesar las reticencias iniciales, la delegación española no puso “ninguna objeción al acuerdo” ya que “ante un drama humanitario como el que hay –dijo– lo prioritario es lo prioritario”. España, añadió, tiene preparadas las estructuras de acogida necesarias y “está en condiciones de acoger a estas personas tan pronto como puedan desplazarse, con la voluntad de que se integren en nuestra sociedad”. La rápida puesta en marcha de centros de registro en Italia y Grecia es crucial para el éxito del plan.
Es la primera vez que la Unión toma una medida de este calado en materia de asilo, con la excepcionalidad añadida de que se ha decidido mediante un voto por mayoría cualificada y no por unanimidad. La presidencia de turno de la Unión, que este semestre ocupa Luxemburgo, trató de llegar a un acuerdo por consenso dada la naturaleza
La Unión critica a los gobiernos del Este de Europa por no contrarrestar los prejuicios xenófobos
sensible de la materia, pero fue imposible hacer cambiar de opinión a Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía, que votaron . Finlandia se abstuvo.
Polonia sí reconsideró su postura y, a pesar de la presión política interna a la que está sometido su Gobierno por la próxima celebración de elecciones, finalmente respaldó el reparto. La única condición de Varsovia fue que las cifras concretas de refugiados que deberá asumir cada país no figuraran en la decisión formal, aunque sí estarán en su letra pequeña y cada gobierno sabe aproximadamente qué número de personas deberá acoger. España, por su parte, pidió que no constaran los criterios por los que se ha fijado las cuotas ya que discrepa de ellos y piensa rebatirlos en la negociación del mecanismo permanente.
La presidencia de la Unión no
Fernández Díaz: “Todo el mundo ha entendido que hemos de estar a la altura de las circunstancias”
ocultó su decepción porque los gobernantes del Este no hagan esfuerzos por contrarrestar los prejuicios xenófobos existentes en sus países. “En esas sociedades existe la percepción de que el extranjero, quien tiene otro color de piel u otra religión, está ahí para descomponer sus sociedades. Los políticos no deberían tolerar esa concepción de la sociedad, deberían luchar contra ella”, criticó el ministro luxemburgués Jean Asselborn. También “se tiene la percepción de que todo lo que se decide en Bruselas es un dictado, y este razonamiento no es exacto porque siempre se puede participar en las decisiones”, añadió. Asselborn se mostró decepcionado porque en algunos de estos países se pinte a la UE “como el enemigo público número uno”. Las declaraciones del representante de la UE evidencian el creciente hartazgo con las actitudes de algunos países del Este. “Hemos de tener paciencia porque entraron en la UE hace 10 o 12 años” pero también trabajar para que la opinión pública capte mejor el significado del acervo comunitario.
Asselborn dijo confiar en que los países que votaron contra el plan lo apliquen igualmente, aunque desde Bratislava el primer ministro eslovaco, Robert Fico, advirtió que su gobierno no aceptará refugiados llegados de otros países. Las cuotas previstas en la nueva normativa se aceptan de forma voluntaria pero, como ocurre con cualquier decisión legal de la UE, todos sus Estados miembros están obligados a aplicarla. Si un país incumple estas nuevas obligaciones de asilo se enfrentará a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE y en multas, como con cualquier otro litigio.