Reforma sin derribo
El expresident Montilla defiende una reforma constitucional “que clarifique el marco competencial, que reconozca nuestras singularidades, que ordene el sistema de financiación y que establezca los mecanismos y los procedimientos para la toma de decisiones propios de un Estado federal” como “alternativa creíble y plausible”.
Dentro de pocos días llegaremos al 27-S y, poco después, al 28-S. A nadie se le escapa la complejidad de la situación que atravesamos y las consecuencias de todo orden que empezar un proceso unilateral de secesión comportarían para Catalunya y las personas que vivimos aquí.
No soy partidario de las expresiones grandilocuentes ni de las proclamas, pero creo firmemente que las personas que tienen o hemos tenido responsabilidades institucionales tenemos la obligación de expresar nuestra opinión para ponerla al servicio de nuestros conciudadanos. Y, sobre todo, tenemos el deber de decir la verdad y de hacerlo con claridad, sin ambigüedades ni zonas de sombra.
Llevamos mucho tiempo viendo cómo una espiral de confrontación va ocupando el espacio del debate político y social. A la dureza de la crisis económica, que tanto daño ha causado y causa todavía a nuestras familias y nuestras empresas, hemos añadido la desazón creciente sobre la relación entre Catalunya y España, en unos términos que se alejan de la reflexión serena y racional para convertirse, cada vez más, en un fenómeno emocional y pasional.
Catalunya expresa una queja colectiva por la situación de su autogobierno. Es una queja fundamentada, que se puede justificar en parte con datos y argumentos. Es cierta. La actitud del Gobierno español no sólo no ha sido adecuada, sino que es responsable en muy buena medida del agravamiento de los problemas. La actividad legislativa recentraliza- dora, la política referida a la inversión pública estatal y, especialmente, las actitudes de menosprecio de nuestra identidad nacional, especialmente relacionadas con el respeto a nuestras competencias en lengua, cultura y educación, han contribuido decisivamente a hacer crecer la indignación de los catalanes y las catalanas.
Hay razones para la queja. Pero de lo que se trata no es de amplificarla y convertirla en una causa épica donde la agitación de las banderas y la apelación a las emociones patrióticas ganen todo el protagonismo. Se trata de encontrar soluciones. Se trata de resolver los problemas. No de crear otros más graves.
Y es aquí donde tengo que decir, con serenidad pero contundencia, que el actual Govern de Catalunya no ha obtenido ningún resultado provechoso para Catalunya y para los catalanes en este periodo.
La vía que nos propone el president Mas es una huida adelante, épica y grandilocuente. Sin embargo, es un camino sin salida que nos lleva a una situación de bloqueo, con consecuencias demasiado graves como para no alertarlas con claridad. Catalunya no será un nuevo Estado independiente. No lo será, por más alto que sea el grito con que eso se proclame. No nos engañemos.
Pero puede quedar, durante tiempo, debilitada, dividida y sin ganar nada: ni mayores competencias, ni mejor financiación, ni un gobierno capaz de hacer frente a los retos de la situación económica y social, ni una Catalunya capaz de ejercer un buen liderazgo político, cultural y económico en conjunto de España.
La solución tiene que venir por la vía de la política, del diálogo y del pacto entre los dos gobiernos. Las actuales circunstancias me hacen pensar que este proceso de negociación no se podrá hacer con los actuales interlocutores, que no son hoy parte de la solución. Más bien lo son del problema.
Pero la situación política en Catalunya y en España es lo suficientemente abierta como para pensar que puede haber otras mayorías y otros interlocutores capaces de poner juicio, inteligencia y tesón. Los problemas que tenemos sobre la mesa se pueden resolver. Por descontado, no de forma mágica, ni fácil. Pero se pueden resolver. Creo que la vía de una reforma de la Constitución española que clarifique el marco competencial, que reconozca nuestras singularidades, que ordene el sistema de financiación y que establezca los mecanismos y los procedimientos para la toma de decisiones propios de un Estado federal, es una alternativa creíble y plausible. Una reforma constitucional que debería ser votada por los catalanes y las catalanas que, de esta manera, refrendarían la existencia de un nuevo pacto.
¿No sería mejor trabajar para hacerla posible, en lugar de empeñarnos en llevar a nuestro país a chocar contra el muro y provocar una frustración innecesaria?
Después del 27-S vendrá el 28. Y muchos otros días en los que Catalunya tendrá que disponer de un presidente y de un gobierno que hagan el trabajo que les corresponde. Lo que más nos tendría que preocupar hoy es cómo garantizar la formación de este gobierno y cómo asegurar que sea capaz de abrir una vía negociadora –menos épica, más realista, más inteligente– que nos dé no sólo esperanza, sino también resultados. En definitiva, que sea útil para resolver los problemas de la sociedad catalana de hoy.
Un proceso de negociación no se podrá hacer con los actuales interlocutores, que hoy no son parte de la solución