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Las preocupantes conclusiones del informe de la OCDE sobre las competencias y habilidades de la población española, por debajo de la media de los países desarrollados; y la detención en Francia de la cúpula de la banda terrorista ETA.
DRAMÁTICAS y sumamente preocupantes son las conclusiones del importante informe que ha presentado la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre el diagnóstico de competencias y habilidades de la población española, que están por debajo de la media de los países industrializados, lo que supone un enorme freno para su desarrollo económico y social.
El citado informe pone énfasis en que uno de cada cinco jóvenes españoles es un ni-ni, que ni estudia ni trabaja, en que diez millones de trabajadores adultos están muy poco cualificados, con bajas competencias en comprensión lectora o matemáticas, y en los problemas que tienen los titulados en educación superior para encontrar trabajo porque su formación no se adapta a las demandas del mercado laboral.
La OCDE, sin embargo, no se limita a diagnosticar el grave problema que tienen la sociedad y el sistema productivo español por el deficiente nivel de competencias de su población, sino que recomienda un amplio abanico de políticas y de medidas que tendría que adoptar el país para mejorar el potencial productivo. En este sentido, dicho informe es una herramienta de primer orden para orientar a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad sobre las políticas y las acciones que es urgente emprender. Este debería ser el debate central del país para poder afrontar el futuro con garantías de progreso y de bienestar.
La OCDE define las competencias (o habilidades) como el conjunto de conocimientos, capacidades y atributos que toda persona puede adquirir y que le permiten desempeñar de forma adecuada y consistente una determinada actividad o tarea, susceptibles de desarrollarse y ampliar- se posteriormente a través del aprendizaje. Las competencias, en un mundo tan acelerado tecnológicamente como el actual, se han convertido en el elemento impulsor clave del éxito económico y del bienestar personal en el siglo XXI, en la medida que impulsan la productividad y el empleo de calidad.
La OCDE recomienda a España afrontar doce retos fundamentales para superar la preocupante situación detectada entre la población trabajadora española, como la adecuación de la enseñanza a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral, el fomento de la formación profesional en el lugar de trabajo, planes especiales para la formación de los adultos, especialmente de los parados de larga duración, la reducción de la dualidad del mercado laboral, una mayor apuesta empresarial y universitaria por la innovación, mayores facilidades para el emprendimiento y un largo etcétera de medidas que, en suma, exigen mayores recursos para financiar en España un sistema de competencias más eficaz y eficiente, tanto con mayor inversión pública como con incentivos fiscales a las empresas, lo que también tendría un beneficio directo en un mayor empleo y de mayor calidad.
Ante el citado informe de la OCDE faltan, ahora, las respuestas políticas adecuadas, eficaces e integradas para interconectar la actuación conjunta de los diversos ámbitos implicados. Es evidente que para ello se necesita un liderazgo claro, potente y eficiente. A la propia OCDE no se le oculta que ello es difícil porque, a su juicio, las estructuras de gobierno en España, y la falta de colaboración entre los propios ministerios, las diferentes administraciones y los diversos agentes sociales no favorecen un adecuado sistema de gobernanza enfocado hacia la mejora de las competencias de la población. Otra conclusión igualmente grave.