Con más de 20 pisos ya no se podrán instar desalojos
La PAH pide al Ayuntamiento que utilice todos los recursos que da la ley 24/2015 para luchar contra los desahucios
Los grandes propietarios inmobiliarios, como los titulares de veinte o más viviendas, es decir, “aquellos que no subsistan gracias a los alquileres sino que especulen con las ganancias de estas propiedades”, según la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no podrán instar ni un desahucio más. Se trata de una medida, amparada por la ley 24/2015 del Parlament de Catalunya, que afecta fundamentalmente a bancos y compañías inmobiliarias, que en lugar de instar desalojos de inquilinos morosos tendrán que pactar un realojo o alquiler social a partir de ahora.
Este veto no afecta a las familias que vivan de las rentas de una pequeña cartera de pisos. El Ayuntamiento de Barcelona se reunió ayer con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza Energética, dos de las principales promotoras de la iniciativa legislativa popular (ILP) que aprobó por unanimidad el Parlament de Catalunya el pasado julio y que desembocó en la citada ley 24/2015. Como ha vuelto a quedar claro, esta normativa es una eficaz herramienta para combatir la “emergencia habitacional en Catalunya” y los cortes de suministros básicos a familias vulnerables.
Pero una cosa es que la ILP se aprobara y otra que se aplique. Por eso, la PAH y otras entidades hermanas han dado un primer tirón de orejas al Ayuntamiento de Barcelona –que curiosamente ahora encabeza la anterior portavoz de la plataforma antidesalojos– para que se ponga ya manos a la obra. La ley permite, entre otras cosas, frenar inmediatamente los desahucios promovidos por los grandes tenedores inmobiliarios. Pero nunca hasta ahora un Ayuntamiento había anunciado su intención de cumplir y de hacer cumplir la ley. Ambas partes consideraron muy positivo el primer encuentro de ayer. Por un lado, la alcaldesa. Por el otro, Carlos Macías y Maria Campuzano, en representación de las entidades promotoras de la ILP. Ada Colau anunció que el gobierno municipal exigirá a la Generalitat que desarrolle la ley, que no sólo frena los desahucios, sino también los cortes de luz, agua y gas, “en un podio de la vergüenza en que Barcelona obtendría la medalla de oro”.
El Ayuntamiento, agregó la alcaldesa, ha destinado once millones de euros para ayudas al alquiler y aumentar el parque público de viviendas. La PAH hizo gala ayer de su radical vocación apartidista, pero no apolítica, y repartió a partes iguales aprobados y suspensos. Elogió, por ejemplo, que por fin alguien se preocupe de las familias que no reciben ningún ingreso en Barcelona (95.000 en Catalunya), pero criticó que muchas medidas municipales de ayuda, como la construcción de viviendas sociales, “repercutan en el bolsillo de los ciudadanos, y no de la banca”. En respuesta en parte a estas críticas, el Ayuntamiento pedirá a la Generalitat de una vez por todas “el censo de propietarios con viviendas vacías”.