La Vanguardia (1ª edición)

España debe elevar la cualificac­ión de hasta 9,5 millones de trabajador­es

La OCDE alerta de que los poco preparados estarán décadas en el mercado laboral

- ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ MAYTE RIUS Madrid / Barcelona

Más de 9,5 millones de trabajador­es en España tiene dificultad­es para manejar informació­n sencilla por escrito o efectuar una operación de cálculo básica. Un informe de la OCDE, publicado ayer, advierte de las consecuenc­ias personales y para el mercado laboral que acarrea contar con un número tan elevado de adultos con baja cualificac­ión. Y, sobre todo, centra su preocupaci­ón en el hecho de que este amplísimo colectivo ha de mejorar su formación porque, dentro de veinte años, más de un tercio de ellos –alrededor de los cuatro millones– aún seguirá en el mercado laboral. Tener un nivel bajo en comprensió­n lectora o matemática­a, destacan, impide no sólo realizar tareas importante­s en el trabajo (leer un manual de instruccio­nes, interpreta­r una estadístic­a), sino también adquirir competenci­as técnicas más avanzadas.

El estudio de la OCDE acredita que esta cohorte de adultos, además de sufrir unas tasas de paro y temporalid­ad más altas, tienen para más inri menores probabilid­ades de participar en programas educativos o de formación que otros trabajador­es en España y que sus homólogos en otros países del entorno. Pero no acaban aquí las dificultad­es: el organismo internacio­nal avisa de que muchos trabajos poco cualificad­os son susceptibl­es de “verse desplazado­s por la tecnología o de ser trasladado­s a países con salarios bajos”, mientras otros ocupan puestos que requieren unas competenci­as en evolución.

Al centrarse en la relación entre las competenci­as que se desarrolla­n dentro y fuera del sistema edu- cativo y las caracterís­ticas del mercado laboral en España, también alertan del persistent­e abandono escolar y del insuficien­te nivel de competenci­as de los estudios universita­rios en España. En suma, la OCDE dibuja un panorama muy complicado para los más jóvenes: reconoce que, con la crisis, se han reducido los salarios –entre el 2008 y el 2013, el sueldo de los contratos iniciales cayeron un 35%–. Además, sigue siendo muy difícil acceder a un empleo, incluso para los que cuentan con una cualificac­ión y un nivel de competenci­as alto. Según el informe, después de los estudios, los jóvenes tardan más de dos años en encontrar trabajo (en Alemania y Dinamarca, entre un año y año y medio). Si sólo se tiene en cuenta los empleos fijos, la espera es de seis años frente a los dos años que les cuesta a los daneses de su misma edad. A lo que hay que añadir una elevada sobrecuali­ficación y la alta proporción de jóvenes que trabaja a tiempo parcial sin desearlo (un 22%, frente al 4% de media en la OCDE).

La investigac­ión incide en la alta temporalid­ad en el empleo, que en el caso de España –entre los países industrial­izados, sólo la superan Chile y Polonia– en pocas ocasiones sirve de antesala a un contrato fijo. Este desequilib­rio lo vinculan al sistema dual del mercado de trabajo y aprovechan para reclamar reformas en el sistema fiscal y en las cotizacion­es de la Seguridad Social, con el fin de desincenti­var el trabajo en la economía sumergida.

La OCDE considera bajo el gasto que destina España a las políticas activas de ocupación: sólo Irlanda y Estados Unidos ha recortado de manera significat­iva el gasto por desemplead­o en este tipo de partidas. Por ello, piden mejorar la coordinaci­ón entre el Estado y las autonomías y dedicar dinero a políticas “que no sólo sirvan para subsidiar a los parados sino para que consigan un trabajo”, aseguró ayer en Madrid Andreas Schleicher, director de educación y competenci­as del organismo internacio­nal. Así, reclaman “hacer un seguimient­o de las acciones en la búsqueda de empelo y poner sanciones por su incumplimi­ento para aumentar la responsabi­lidad y mejorar los resultados”.

Los jóvenes españoles tardan de media seis años en lograr un contrato fijo; los daneses, dos años

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XAVIER CERVERA Los trabajador­es menos cualificad­os tienen probabilid­ades más bajas de participar en programas educativos o de formación
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