El TSJC recibe 26 recursos de empresas contra la moratoria hotelera de Colau
Cinco de los recurrentes solicitan al tribunal que suspenda la paralización de las licencias mientras se resuelve el proceso judicial
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admitido los recursos de 26 empresas –inmobiliarias y consultoras vinculadas al sector hotelero– contra la suspensión de licencias para alojamientos turísticos que decretó la alcaldesa de Barcelona, Ada Co- lau, para un año. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre si levantará o no la moratoria de forma cautelar.
La moratoria hotelera que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, impuso el pasado mes de julio ha recibido su primer gran revés. Un total de 26 empresas, y se espera que el número pueda crecer en los próximos días, han interpuesto un recurso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la paralización de licencias de establecimientos hoteleros, hostales, albergues y residencias universitarias. Cinco de estos recursos contencioso administrativo reclaman, además, que el TSJC, de forma cautelar, acuerde la suspensión de la moratoria mientras se resuelve este proceso jurídico, que puede durar varios meses.
El entusiasmo que provocó en el equipo de gobierno la renuncia del grupo KKH de construir un hotel de cinco estrellas en el edificio del Deutsche Bank de la Diagonal parece haber durado poco. Colau di- jo sentirse “orgullosa” por el cambio de uso que plantea el grupo inversor, que anunció que quería construir pisos de lujo, oficinas y tiendas en lugar de un establecimiento hotelero con el que se prevía crear 400 empleos. Pero lo cierto es que la intención de frenar la apertura de nuevos establecimientos hoteleros y crear zonas de densidad turística en la ciudad se le complica al gobierno municipal de BComú, que podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias o dejar sin efecto la moratoria si finalmente los jueces deciden dar la razón a las empresas afectadas.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, explicó que el Ayuntamiento de Barcelona se había enterado ayer mismo de estos procedimientos abiertos. Se justificó asegurando que las empresas afectadas tienen dos meses para presentar acciones contra la moratoria y que el plazo no acaba hasta dentro de 15 días. La comunicación de los recursos al Ayuntamiento ha llegado con retraso, debido a que el mes de agosto, judicialmente, no computa. Sanz aseguró que el Ayuntamiento dará cuenta de su posición cuando acabe el periodo y aseguró que defienden la suspensión porque “emana de la ley de Urbanismo del Parlament” y saldrá adelante sin mayores problemas.
La mayoría de recursos fueron presentados por empresas inmobiliarias –es el caso de Núñez y Navarro– así como por sociedades o consultoras ligadas al hospedaje y al turismo. Otras compañías, en cambio, prefieren por ahora no plantar batalla a la espera de resol-
LA RESPUESTA MUNICIPAL El gobierno dice que se enteró ayer mismo de la existencia de estos procedimientos
LA BATALLA JURÍDICA La previsión es que en los próximos días aumente el número de contenciosos
EL CALENDARIO El Ayuntamiento prevé tener listo el plan especial a principios del 2016
ver directamente con el Ayuntamiento el problema que les ha supuesto el decreto de la moratoria. Se trata, en este caso, de proyectos que ya estaban muy ultimados e incluso habían resuelto las alegaciones durante el anterior mandato. Sólo restaban a la espera de recibir los correspondientes permisos.
El TSJC ha admitido a trámite la mayoría de los recursos presentados, pero aún no ha decidido si suspende la moratoria. Antes de hacerlo deberá dar traslado a las partes –incluido al Ayuntamiento– para que formulen las argu- mentaciones sobre las peticiones planteada. Está por ver cómo decide el juez tramitar todos los contenciosos, ya que puede agruparlos en un solo procedimiento o por separado. En el momento en el que el secretario judicial admite los recursos a trámite, el juzgado solicita a las partes la documentación de cada expediente. En los recursos presentados hasta el momento, las empresas recurren tanto contra la moratoria en sí como por los efectos que provoca en cada proyecto. La afectación es de lo más variada y puede ir desde los honorarios de arquitectos que han diseñado los hoteles y que ahora no pueden construirse hasta la inversión prevista que debe ser aplazada.
Desde que se anunció la moratoria, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Santz, ha argumentado que el Ayuntamiento estaba cubierto jurídicamente, ya que la paralización de licencias no era indefinida –es de un año– y no provocaba inseguridad jurídica a las empresas. Es decir, al tener fecha de caducidad, los proyectos podrían reemprenderse una vez acabado este plazo. Pero esta es una cuestión que no queda del todo clara. La voluntad del Consistorio es abrir un proceso participativo sobre el modelo turístico de la ciu- dad y aprobar en el primer trimestre de 2016 una primera propuesta del Plan Especial de Regulación de Alojamientos Turísticos. Este podría determinar, entre otras cuestiones, limitar al máximo la ubicación de establecimientos hoteleros en ciertos distritos y favorecer su incremento en otras zonas menos densificadas turísticamente. Los trabajos de los procesos participativos aún no han empezado.
La moratoria no sólo ha afectado a establecimientos hoteleros de grandes cadenas, sino también a pequeños inversores que preveían abrir hoteles de una y dos estrellas, o residencias universitarias como
LAS CRÍTICAS La oposición denuncia que la situación crea inseguridad jurídica y hace perder empleos
la de 520 habitaciones que quiere abrir la Universitat de Barcelona (UB) en el Campus Sud. Una de las empresas perjudicadas es Nuñez y Navarro, que está construyendo un hotel en el Rec Comtal con mucha oposición vecinal y que BComú pretendía paralizar. La empresa tiene interés en reconvertir un antiguo edificio de oficinas en la confluencia de Via Laietana con la calle Jonqueres en un nuevo establecimiento hotelero. La sección tercera de la sala del contenciosoadministrativo admitió a trámite el pasado 23 de septiembre el recurso presentado por esta inmobiliaria –se publicó el pasado lunes en el Diari Oficial de la Generalitat– contra la suspensión de licen- cias. Un portavoz municipal, preguntado el lunes por este asunto, dijo que el Ayuntamiento desconocía la existencia de este u otros recursos y admitió que, de momento, al Ayuntamiento no había llegado ningún proceso judicial. En vista de lo sucedido, y los datos aportados por el TSJC, nada más lejos de la realidad.
La concejal de CiU Sònia Recasens aseguró ayer que la situación a la que ha llegado el equipo de gobierno era más que previsible por dejar en el aire los proyectos con licencia que ya estaban en trámite. “La moratoria indiscriminada ha creado inseguridad jurídica y además afectará a centenares de puestos de trabajo”, apuntó. Por otro lado el concejal de Ciutadans Paco Sierra lamentó la pérdida de inversiones para Barcelona como la del Deutsch Bank, que al final no creará empleo. También aseguró que si el Ayuntamiento continúa por esta senda acabará incumpliendo la ley de Urbanismo y tendrá que pagar a las empresas promotoras indemnizaciones millonarias.
Por su parte el edil popular Javier Mulleras consideró que la alcaldesa Colau es un tapón para la actividad económica y apuntó que Barcelona vive una situación de desgobierno que le “saldrá cara a la ciudad”.
LOS PERJUDICADOS Están afectados hoteles, albergues juveniles, hostales y residencias universitarias EL PROCESO El TSJC ha admitido a trámite la mayoría de los recursos presentados