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La declaración conjunta de Merkel y Hollande ante el Parlamento Europeo, y la judicialización de la moratoria hotelera decretada por Ada Colau.
EL Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite el recurso planteado por 26 proyectos de constructoras y empresarios contra la moratoria por un año de licencias hoteleras, residencias y pisos turísticos aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona en el pasado mes de julio. La Sala de lo Contencioso del TSJC deberá decidir si también suspende la citada moratoria, tal como plantean algunos de los recursos citados.
El revés judicial contra el gobierno que preside Ada Colau, de seguir adelante el proceso y de resolverse con una sentencia desfavorable, podría comportar el pago de indemnizaciones millonarias por la paralización de proyectos, algunos de los cuales estaban muy avanzados y a la espera solamente de la correspondiente licencia, no sólo por los perjuicios causados a las empresas, sino también por las obligaciones contraídas por estas, como son el pago de honorarios a arquitectos, encargos de material de construcción, etcétera.
La decisión municipal de suspender por un año todas las licencias hoteleras fue aprobada con el objetivo de reflexionar sobre la situación del sector hotelero y del turismo en la capital catalana que, de un tiempo a esta parte, ha provocado tensiones en algunos barrios saturados. El Ayuntamiento tiene previsto aprobar el primer trimestre del 2016 un plan especial de regulación de alojamientos turísticos, que abarcará tanto la construcción de nuevos hoteles y su ubicación como las normas para la concesión de licencias para pisos turísticos.
En todo caso, la polémica moratoria, convertida ahora en cuestión judicial, ha causado perjuicios a grandes y pequeñas empresas del sector de la construcción y del turismo sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya deberá sentenciar. Es cierto que la polémica que ha suscitado el éxito turístico de Barcelona debe ser analizada para evitar que algunos barrios de la ciudad se conviertan en un parque temático, con el riesgo añadido de expulsar a sus habitantes como ha sucedido en ciudades de características similares. Desde este mismo espacio nos pronunciamos en contra de la decisión de suspender licencias por tratarse de una medida que no sólo no resuelve la cuestión planteada, sino que perjudica claramente proyectos que benefician a los ciudadanos, como es el caso reciente del edificio del Deutsche Bank, en la esquina de paseo de Gràcia con Diagonal, donde se ha renunciado al proyecto de hotel para convertirlo en viviendas de lujo, con el consiguiente perjuicio en la generación de empleo.