Apremio masivo para devolver ayudas al alquiler
Los fallos de diseño y gestión de la renta básica de emancipación pasan factura a 3.000 jóvenes catalanes
Unos 3.000 jóvenes catalanes y decenas de miles en el conjunto de España han sido formalmente requeridos en el último trimestre por el Ministerio de Fomento para que devuelvan ayudas al alquiler que se dieron en concepto de la renta básica de emancipación (RBE).
El masivo apremio ministerial, del que informó ayer El món a RAC1 incluye intereses de demora y se basa en que después de empezar a recibir la ayuda, estas personas superaron el límite máximo de ingresos que se requería para la percepción de 210 euros al mes. La dirección general de Habitatge de la Generalitat considera que el origen del problema, que se arrastra desde hace años y que puede alargarse hasta en el 2017, es el diseño erróneo de la RBE aprobada en el 2008, cuando Carmen Chacón era ministra de Fomento en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La administración catalana defiende que no deberían cobrar intereses y que, en muchos casos, el aumento de ingresos (que obligaba a devolver la ayuda) no se debía a una mejora de la situación económica de los beneficiarios, sino a factores puntuales como puede ser una indemnización por despido.
Estas ayudas se concedían, mediante la presentación de una nómina, presumiendo los ingresos venideros. El pago lo hacía el ministerio, pero los expedientes los gestionaba y sigue gestionando la administración autonómica. Un factor clave del problema es que las revisiones se hacían cada dos años y era al cabo de este tiempo, si se advertía un aumento suficiente, cuando se empezaba a reclamar, por SMS, la devolución que correspondiera.
Muchos pagaron, pero otros no, por diferentes circunstancias. Carles Sala, secretario de Habitatge de la Generalitat, calcula que las 3.000 cartas enviadas por el ministerio entre julio y septiembre representan entre el 6 y el 8 % de las ayudas totales en Catalunya. Unos 7.000 expedientes para la devolución están aún en trámite.
La RBE creada en el 2009 se suprimió en el 2011, pero se si- guieron pagando ayudas durante dos años más por solicitudes concedidas hasta entonces. Como el procedimiento para recobrar el dinero se alarga durante cuatro años, puede haber más reclamaciones hasta el año 2017.
Por otro lado, el Ministerio del Hacienda comunicó ayer a la Generalitat su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes catalanas de medidas urgentes para afrontar la emergencia en la vivienda (pobreza energética) y la del impuesto de pisos vacíos. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, respondió calificando de “inadmisible” que el Gobierno central piense recurrir ambas leyes y aseguró que la Generalitat hará los “esfuerzos” que sean necesarios para desactivar esta decisión.
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