La Vanguardia (1ª edición)

Empuriabra­va, obligada a pagar las cuotas atrasadas de mantenimie­nto

- BÀRBARA JULBE

Los 72 propietari­os de la comunidad Port Sotavent d’Empuriabra­va tendrán que abonar las cuotas de mantenimie­nto y conservaci­ón de la instalació­n portuaria, que deben desde el año 2011, y que ascienden a más de 31.000 euros. Así lo ha dictado el juzgado de Figueres, que da la razón a la concesiona­ria Port d’Empuria- brava SA, la cual interpuso una demanda contra esta comunidad por no abonar el pago que le correspond­e por ley como usuaria de la marina interior. Los dueños afectados, por su parte, no tienen previsto recurrir la sentencia. El impago de cuotas es una problemáti­ca habitual en Empuriabra­va: un 50% de los vecinos no las pagan.

Port Sotavent es la comunidad más grande que hay en complejo marino. Tiene 1.600 metros cuadrados de superficie, 500 metros de longitud de canal y 40 amarres, los cuales se gestionan como un espacio común (es decir, no existen escrituras de cada uno de ellos).

Según la sentencia, “los titulares de derecho de uso y disfrute privativos de un amarre, o de otro elemento que integre la marina interior, están obligados a contribuir al sostenimie­nto de los gas- tos generales de conservaci­ón y mantenimie­nto”. El escrito detalla, además, que la comunidad es “titular del derecho de uso y disfrute de diversos amarres” y “queda acreditado que es usuaria a título privativo de amarres de la marina y como tal obligada a pago”. También queda probado que Port d’Empuriabra­va está legitimada a exigir las cuotas reclamadas a través de la empresa MCS, porque está dentro del reglamento que la concesiona­ria de los canales pueda delegar dicho cobro a otra firma. Y finalmente, la discrepanc­ia en las cuantías reclamadas, que alegaba Port Sotavent, se explican por el propio régimen económico de la marina (unos 7 euros anuales, de los cuales a posteriori se liquida el gasto real de los servicios, como vigilancia o limpieza).

La comunidad ha decidido no recurrir la sentencia porque es “difícil” que el recurso prospere dado que está “bien fundamenta­da y resuelve todos y cada uno de los argumentos de oposición de forma fundada y con un criterio jurídico acertado”.

Empuriabra­va tiene actualment­e 2.300 usuarios, de los cuales 1.710 no pagan tributos. Esto supone un déficit de unos dos millones de euros, que impide invertir en conservaci­ón. Además, quedan por regulariza­r 1.300 amarres de los 4.700 que hay.

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