El juez eleva a diez el número de imputados en el caso Rato
La Audiencia da validez a los registros en la empresa de la trama
Suma y sigue. El juez Antonio Serrano-Artal elevó ayer a diez el número de imputados por el caso Rato, añadiendo uno más a los nueve que lo estaban hasta ahora. El sumario se mantiene secreto y el magistrado no proporcionó la identidad de la nueva persona investigada. La decisión se tomó tras el interrogatorio de los primeros ocho testigos llamados a declarar para tratar de arrojar luz sobre los contratos publicitarios de Bankia, que habrían dado lugar a comisiones de las que se habría beneficiado Rato cuando era presidente de la entidad.
Paralelamente, la Audiencia de Madrid dio ayer validez a los registros realizados en la sede de la sociedad Kradonara, en el centro de las actividades de corrupción investigadas. Esa diligencia se llevó a cabo en la localidad de Puerto de Sotogrande tras la detención de Rato. La Audiencia ha estimado el recurso de la Fiscalía y del Abogado del Estado contra un auto del juez, que había decretado la nulidad de la entrada y registro de la sede de Kradonara, lo que hubiera impedido usar la documentación intervenida en esta empresa. La anulación se acordó a petición de uno de los imputados, el abogado Domingo Plazas, a cuya solicitud se adhirió Rato. El problema es que pudo haberse confundido el domicilio social con el fiscal.
La empresa, cuyo domicilio social estaba en un principio en Sotogrande, cambió de ubicación unos meses antes de la operación, en diciembre de 2014, para pasar a la calle Castelló de Madrid, el despacho de Rato. El juez de guardia amparó el registro al concretarlo en el inmueble don- de ésta tenía su domicilio fiscal, y no en el que tenía como domicilio social, aclara el auto. Pero los magistrados de Madrid opinan que, a pesar de todo, el registro no se practicó en un domicilio ajeno o extraño a Kradonara. “Reviste toda lógica –dice el auto de la Audiencia– que sea en el domicilio fiscal donde puedan encontrarse datos relacionados con la actividad tributaria, especialmente si tenemos en cuenta que se afrontaban en la investigación delitos contra la hacienda pública”.
Entre los testigos interrogados ayer figuran la exdirectora de comunicación de Bankia, Pilar Trucios; la secretaria y apoderada de Terrenos de Alcobendas, presidida por el presunto testaferro imputado Miguel Ángel Montero; y varios empleados actuales del banco, de áreas como la dirección de compras o de control. En unos días también declararán trabajadores de las agencias de publicidad Publicis y Zenith Media, empresas concesionarias de contratos con Bankia en la época en la que Rato era su presidente.
Ambas pagaron comisiones por importe de más 830.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a la Kradonara. La comisión irregular acabó en Kradonara, de la que el exvicepresidente era “el beneficiario último” a través de la sociedad británica Vivaway, y, según los indicios, fue ingresada por Albisa SL, compañía de otro de los imputados, el presunto testaferro Alberto Portuondo. Albisa fue, según el juez, “artífice de la obtención de Bankia como cliente” para las empresas publicitarias mencionadas que se ocuparon de las campañas de publicidad destinadas a dar a conocer la nueva marca y salir a bolsa.
El juez llamará a declarar en los próximos días a las empresas Publicis y Zenith por el pago de comisiones