La Guardia Civil registra durante la noche el Ayuntamiento de Tarragona
La Guardia Civil entró en el Ayuntamiento de Tarragona ayer viernes pasadas las 21.00 horas, para llevar a cabo un registro relacionado con el caso Inipro. La acción se llevó a cabo después de las trabas puestas por el Consistorio para entregar una documentación solicitada durante la mañana por el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, que ante los impedimentos del Ayuntamiento, optó por enviar a los investigadores. Varios regidores aguardaban la llegada de los agentes frente al edificio consistorial, situado en la plaza de la Font, según informa el Diari de Tarragona. El caso se mantiene bajo secreto de sumario.
Ya por la mañana se había llevado a cabo un registro en la sede del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), situado en la plaza Prim de Tarragona, también a cargo de agentes de la Guardia Civil. Su actuación duró ocho horas, en las que también se registraron las dependencias municipales situadas en la plaza Imperial Tarraco, según fuentes próximas al caso.
Los agentes, en calidad de policía judicial del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, registraron las dependencias del IMSST desde las once de la maña- na hasta pasados unos minutos de las siete de la tarde, y se llevaron varias cajas con documentación.
El registro tenía por objetivo la investigación de supuestas irregularidades en la adjudicación de servicios por parte del IMSST, a raíz de una denuncia de la CUP sobre la adjudicación en el 2010 a Iniciativas y Programas (Inipro) de un servicio de asistencia al inmigrante a través de la fórmula legal de invitar a tres empresas a participar en un concurso.
Sin embargo, una de ellas se retiró del concurso que ganó Inipro, mientras que la empresa perdedora, Itinere, era del mismo grupo que Inipro. Se da la circunstancia de que tanto Inipro como Itinere están muy vinculadas al PSC, partido que controlaba –y controla– el IMMST cuando se denunciaron los hechos.
Fuentes próximas al caso precisaron a Efe que el procedimiento negociado del 2010 era legal, pero se prorrogó los años 2011 y 2012 de forma irregular y los agentes buscan documentación relacionada con estas prórrogas.
Ayer mismo, la portavoz del equipo de gobierno de Tarragona, Begoña Floria (PSC), admitió que el denominado caso Inipro fue “una irregularidad” sin intencionalidad punible, recordando que al detectarla tomaron las medidas correctoras necesarias para subsanarla.