Liechtenstein rechaza la rogatoria sobre Pujol júnior
El principado alega que no queda claro qué delito se investiga
La justicia de Liechtenstein ha rechazado la comisión rogatoria que el Juez de la Mata, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, remitió al principado recabando asistencia judicial para investigar a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidentes de la Generalitat, Jordi Pujol, y a la exesposa del primero, Mercè Gironès Riera.
Según reza textualmente el escrito del Juez Michael Jehle, “lamentablemente no podrá admi- tirse a trámite su solicitud de asistencia judicial con su actual disposición formal, dado que no se aportan suficientes explicaciones acerca de la supuesta procedencia ilícita de los activos que fueron transferidos por Bandtridge (aludiéndose a Brantridge Est)”, en referencia a una sociedad de Jordi Pujol Ferrusola, con la que éste realizó algunas transacciones en el año 2009.
Además, el documento señala que, “a este respecto, le indico que si bien, en principio, puede prestarse asistencia judicial por blanqueo de capitales, también deberá considerarse punible el presunto delito subyacente al blanqueo de capitales en virtud del Derecho de Liechtenstein. De su comisión rogatoria no se desprende claramente cuál es el delito que está siendo investigado, únicamente que pertenece al ámbito fiscal del Derecho penal. En supuestos de delitos fiscales, el Principado de Liechtenstein tan sólo concede asistencia judicial de manera limitada, a saber, en el marco de aplicación del artículo 50, párrafo 14, del Convenio de Ejecución de Schengen”, que se refiere.
El mismo magistrado ya denegó también una comisión rogatoria anterior, en este caso del juzgado 31 de Barcelona, sobre varios miembros de la familia Pujol, con el mismo argumento.
Y también fue el juez Jehle quien en diciembre del año pasado archivó una denuncia de origen no divulgado, que inicialmente pareció dirigirse contra el expresident Jordi Pujol y el actual presidente de la Generalitat Artur Mas. La denuncia a la que el Ministerio del Interior español dio publicidad sin asumir responsabilidad, fue archivada sin que se detectara ninguna base para investigarla.