Rigau y Ortega comparecen hoy en el TSJC como imputadas por el 9-N
La consellera y la exvicepresidenta están acusadas de desobediencia al TC
Hoy es el primer round. Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern, e Irene Rigau, consellera de Ensenyament en funciones, comparecerán ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para declarar como imputadas por el 9-N. Una cita marcada no sólo en la agenda judicial, sino también en la política, y que tendrá su máxima expresión el jueves, cuando acuda el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas.
La primera que tiene que acudir al TSJC es Rigau, a las diez de la mañana; mientras que la declaración de Ortega está señalada para las cuatro de la tarde. Ambas, igual que Mas, están acusadas por la Fiscalía de un delito de desobediencia, del que pueden desprenderse, además, otros tres: prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones. Jurídicamente, el meollo de la cuestión es si los tres hicieron caso omiso del Tribunal Constitucional (TC) entre su resolución del 5 de noviembre, contraria al proceso participativo alternativo a la consulta, y hasta el día 9, cuando se celebró. Los juristas defienden que el dere- cho es una ciencia; puede que sí, pero no es exacta, porque existen criterios dispares al respecto. Quienes argumentan que no existe desobediencia esgrimen que el Constitucional no envió un requerimiento expreso a los ahora acusados, lo que invalida la imputación. En contra están quienes sostienen que con la resolución del TC basta.
La causa, por ahora, se centra en la participación de la Generalitat en la organización y desarrollo del proceso participativo. Por ejemplo, en la confección de urnas y papeletas por parte de los internos en las prisiones catalanas, o en el soporte informático para el recuento de los votos, o en la cesión de centros escolares para que se convirtieran en locales para la votación. Pero es evidente que este no es un caso de mera discusión jurídica, ni por los nombres y cargos de las personas que comparecerán ni por el hecho que se somete a revisión. Es también político. Y así se ve en las reacciones suscitadas tras conocerse que el TSJC citó a los tres como imputados, algo que era inevitable una vez aceptada la querella, y que causaron comunicados tanto de la Fiscalía como del TSJC en defensa de su independencia.
En España, el grado de independencia de los jueces es muy alto: es técnicamente imposible influir en sus decisiones. Pero también es verdad que esto se complica cuanto más arriba en la cúpula judicial se está, y que los partidos, tanto PP como PSOE o CDC, mueven sus fichas para los nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial, o de presidentes de sala o magistrados cuya apro-
Es la primera cita judicial de un caso que tiene una evidente vertiente política: el jueves declara Mas
bación debe pasar por los parlamentos. El nivel de resistencia a llamadas o insinuaciones depende entonces del talante o de las ambiciones de quien las recibe, como en cualquier otro ámbito de la vida.
La justicia será independiente, pero, pase lo que pase, el desenlace de este asunto no será sólo jurídico, sino que también tendrá otra vertiente: aunque no lo quieran los puristas del derecho, la política pasará por el tribunal.