Capitalismo diabólico
Desde los consejos de expropiación de Busqueta a Chávez hasta el choque de trenes con las agrupaciones empresariales
La CUP, en cuyas manos está la llave de la investidura de Artur Mas como president, tiene un ideario político anticapitalista que no se ajusta al guión económico liberal.
La victoria del pueblo equivaldrá a la muerte del capitalismo”. La frase, extraída del preámbulo del decreto de colectivizaciones de empresas y control obrero de octubre de 1936 dictado por la Generalitat, fue parafraseada por la CUP el jueves pasado vía Twitter durante la conmemoración del 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. El contexto no es ni de largo el mismo, pero esta sentencia, que resume parte de la filosofía de la izquierda radical independentista, sin duda pondría las espadas en alto de las pequeñas, medias y grandes empresas, aparte de someter a las compañías en manos del intervencionismo de gestores inexpertos y de suscitar probablemente el rechazo de las empresas extranjeras instaladas en territorio catalán.
El programa político que la formación de Antonio Baños presentó para el 27-S contiene aspectos controvertidos que chocan con las políticas socioeconómicas propuestas por Junts pel Sí, la otra candidatura independentista, como la nacionalización y autogestión de sectores estratégicos –energía, agua y comunicaciones–, nacionalización de la banca, no pagar la deuda, desobedecer a la UE y salir y romper con el euro. Marxismo en estado puro.
En una vertiente más social y laboral, los cuperos rechazan recortes y privatizaciones de bienes colectivos. Son abiertamente feministas, proponen el ecologismo activo, promueven una jornada laboral de 30 horas semanales, jubilación ordinaria a los 60 años, un año sabático pagado por cada diez trabajados con derecho a conservar el trabajo, prohibir el despido libre, y la imple- mentación de un programa de renta básica y renta social universales.
Algunas de estas medidas coinciden con las presentadas por Podemos durante la campaña para las europeas del 2014, medidas de las que el partido tuvo que desdecirse cuando meses más tarde sus propios asesores económicos las suavizaron e incluso rechazaron por inviables. Salvando las distancias en-
tre Podemos y la CUP, los de Iglesias viraron del anticapitalismo a “sentirse más cómodos en la socialdemocracia”, en boca de su secretario general.
Las propuestas nacionalizadoras no distan del chavismo, ideología por la que la CUP no esconde su simpatía. Desde el 2011, con cuatro alcaldías, la izquierda alternativa ha puesto por bandera la municipalización de servicios (ejemplo paradigmático es Arenys de Munt). Josep Manel Busqueta, diputado electo y gurú económico de la CUP, además de haber ejercido como asesor del presidente de Venezuela Hugo Chávez, lleva al límite el mensaje colectivitzador. Hace un año, en una entrevista en TV3, Busqueta alardeaba de haber recomendado al presidente bolivariano expropiar edificios y empresas. La sugerencia provocó risibles e imágenes de lo más populistas con aquellos “exprópiese” a pie de calle ante las cámaras: “Yo le recomendaba eso y aun así no me hacía mucho caso, porque si hubiera dependido de mí yo habría expropiado más. Yo diría: “Exprópiese y vuélvase a expropiar”, afirmaba Busqueta. En la negociación por la investidura de presidente de la Generalitat es evidente que la CUP tendrá que renunciar a muchos de sus puntos programáticos, sobre todo si Junts pel Sí sigue considerando “imprescindible” a Artur Mas y si la izquierda alternativa independentista no consigue superar lo que hoy por hoy parecen dos aporías: echar a Mas y al mismo tiempo no hacer descarrilar el proceso soberanista, y proclamar a los cuatro vientos que existe una emergencia social que deja de ser urgente precisamente por la dilación del proceso negociador con la fuerza más votada.
Hay voces discordantes en la órbita de la CUP. Entre los miembros directivos de la formación hay sectores más pragmáticos que discrepan del posicionamiento público de conminar a Junts pel Sí a renunciar a la figura de Mas y optan por resolverlo enseguida pese al mandato de la militancia base de no transigir en este punto. Ramon Cotarelo, politólogo madrileño que intervino en favor de la CUP durante la campaña, también se mostró crítico con la de- cisión y en su blog asegura que “Mas será presidente, si él y los suyos quieren, cosa que sabemos todos. La lista de Junts pel Sí (...) si insiste en tener a Mas de presidente, también está en su derecho, ya que son la lista más votada y sus 62 escaños sextuplican los de la CUP”.
En todo caso, Eulàlia Reguant, diputada electa de la CUP, anunció en la conferencia política que celebró su formación del 8 de octubre, la intención de poner sobre la mesa de negociaciones 39 medidas aplicables en el marco del plan de choque social “sin ningún coste elevado”, y diez privatizaciones que a juicio de la CUP deberían detenerse o revertirse. Sin olvidar lo más importante: la exigencia de gestos de ruptura “irreversibles” para investir presidente. Algo que sonó a imposiciones y no a condiciones, y más si se tiene en cuenta que horas más tarde aclararon que la aceptación de sus exigencias no desencallarían la opción Mas como presidente, por si alguien albergaba alguna duda.
Profundamente contrarios al sistema, la CUP ha dicho del capitalismo que es “un sistema nefasto y fracasado”, “contrario al bienestar de las personas”, “incompatible con los derechos humanos”, y que estar a favor es ser “un loco y un sociópata”. Del mismo modo apuntan que agua, luz, movilidad, pensiones, salud o educación tienen que permanecer al margen de los mercados y ser absolutamente públicos. El
Apuestan por no pagar la deuda, nacionalizar la banca, energía y agua, y salir de la UE y el euro Busqueta asesoró a Chávez: “No me hacía mucho caso, yo habría expropiado aún más” Cotarelo, politólogo que apoyó a la CUP, les reprocha ahora que no faciliten investir a Mas Tildan el capitalismo de “incompatible con los derechos humanos”, “nefasto” y “fracasado”
principio pronunciado por Busqueta de que “la propiedad siempre se tiene que subordinar a las necesidades de la población”, junto con el plan de choque social y la desobediencia, topan con los objetivos de garantía de trabajo y crecimiento de la economía que defienden parte del empresariado catalán, ya de por sí prudente ante las posibles consecuencias del independentismo.
Aunque hay empresarios favorables a la independencia, otros permanecen en estado de alerta ante las medidas que pueda imponer la CUP, independientemente del contexto político resultante del 27-S. Cecot, por ejemplo, se muestra a favor de externalizaciones y asegura que “si a partir de ahora se pone más acento en políticas sociales, (...) primero toca ayudar a generar más ingresos” y que eso pasa por “ayudar al tejido empresarial que es quien genera empleo y riqueza”. Igualmente, Foment del Treball reclama un entorno más favorable a la inversión empresarial, además de recordar al Govern que “tendrá que gobernar para todos los ciudadanos desde la legalidad, en un entorno de seguridad jurídica y estabilidad”.
En la misma línea, Pimec pide medidas para impulsar el crecimiento de las pymes y garantizar el progreso económico, y el Cercle d’Economia exige “una economía de mercado abierta e integrada en Europa” y “respetar la legalidad”.