Sentencias y comunicados
El 25 de marzo del año pasado el Tribunal Constitucional, “por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española”, estimó parcialmente la impugnación del Gobierno central contra la declaración de soberanía del pueblo de Catalunya aprobada en el Parlament. Pese a todo, en la sentencia, el Alto Tribunal recordaba a vencedores y vencidos que la Constitución no puede abordar expresamente todos los problemas a los que se enfrenta el orden constitucional. Se refería específicamente a los choques derivados de la voluntad de una parte del Estado, como Catalunya, de alterar su estatus jurídico; y recordaba que eran los poderes públicos los responsables de resolver la situación mediante el diálogo y la cooperación.
Los jueces hablan por sus sentencias y no son necesarias más explicaciones, otra cosa es que se requiere capacidad de digestión política más allá del fallo... El Gobierno del PP ha puesto en los tribunales todas sus esperanzas para frenar el proceso soberanista en Catalunya y olvida que la primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva. De hecho, reiterada jurisprudencia del TC sostiene que en el ordenamiento vigente no tiene cabida un modelo de democracia militante en el que se imponga el servilismo a la Carta Magna.
Cuando se aparca la política y se impo-
El problema catalán es político y sigue instalado ante los jueces por obra y gracia de la Fiscalía del Estado
ne el cómputo de victorias judiciales, se lanza una reforma exprés de la ley del Constitucional para frenar a Artur Mas y sus planes de independencia si desoye las sentencias contrarias; sin pensar, por ejemplo, en la docena de resoluciones del TC que el Estado ignora sobre el reparto de los fondos del IRPF que los contribuyentes ordenan destinar a programas sociales de oenegés. Con la réplica judicial como único argumento, se maquina para sustituir en diciembre al presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por no ser tan anti-Mas como algunos en Madrid querrían, olvidando que, tras esa tan reclamada independencia judicial, Miguel Ángel Gimeno o un sustituto más acorde a las voluntades gubernamentales incurriría en una grave irregularidad si tratara de influir en la instrucción que desarrolla otro magistrado.
La reivindicación catalana ha revelado una crisis institucional global. Tras la declaración del presidente de la Generalitat y la escenografía política en la que se envolvió, se da más relevancia a un comunicado del tribunal en defensa de la independencia del poder judicial que a su labor arbitral. Pero el problema catalán es político y sigue instalado ante los magistrados por obra y gracia de la Fiscalía del Estado. Mientras, la apuesta independentista sigue al alza en la calle. La presencia de los consellers de Justícia e Interior en la concentración de apoyo al president evidencia la desconexión de CDC respecto a su tradición institucional, y Mas dibuja, por primera vez, un horizonte político al margen del ordenamiento jurídico español...