La Generalitat interviene el hospital de Mataró
Economia toma el control, tras el déficit de 2,7 millones
La Generalitat ha intervenido el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), ente público que gestiona el hospital de Mataró y varios centros de asistencia primaria de la comarca, para suspender el Régimen Especial de Autonomía de Gestión. Una acción que supone tomar el control financiero desde el CatSalut y el Departament d’Economia i Finances. Se trata, según fuentes del hospital, de una medida adoptada en marzo pero que la administración autonómica no ha materializado hasta ahora.
El déficit acumulado de 2,7 millones de euros en el consorcio hospitalario de Mataró y Maresme norte en el ejercicio del 2014, que cuenta con un presupuesto de 105 millones anuales para atender a una población de 265.000 personas, hace inviable el régimen especial de autonomía de gestión, que, junto al plan de reequilibrio financiero, debía arrojar un saldo final sin déficit. “No ha sido una sorpresa, ya existía una fiscalización”, advierte el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Mataró, Joan Vinzo, que prevé con la nueva fiscalización “algún problema en cuanto a nuevas contrataciones de personal previstas o en acciones previstas para crear nuevos ingresos”. Así, el plan cuatrienal para sanear el déficit falla en el primer ejercicio, por lo que la Generalitat ha decidido tomar las riendas.
El gerente del centro hospitalario, Ramon Cunillera, informará mañana a los trabajadores de la decisión de la Generalitat, aunque desde su departamento avanzan que se trata de “una medida que tendrá poca afectación a nivel laboral”. Desde el consejo rector aseguran que la intervención era previsible “sin un equilibrio presupuestario”. Hace dos años, el Departament de Salut aportó tres millones de euros para sanear el déficit, pero dejó pendientes otros tres millones.
Los trabajadores, por su parte, observan con inquietud los movimientos económicos impuestos por la administración catalana. “Vamos a perder todas las mejoras previstas hasta ahora”, ya que sólo podrá activarse el 25% de lo pactado. Desde el comité de empresa, acusan al conseller Boi Ruiz de “haber incumplido su palabra” cuando anunció que no se intervendría el consorcio. Además, sorprende que “no haya esperado a la constitución de un nuevo gobierno” en la Generalitat, por lo que temen que lo acordado en el convenio se anule a causa de “un plan de reequilibrio financiero”. Los trabajadores insisten en que el máximo responsable de la situación económica es la propia Generalitat ya que adeuda al ente comarcal más de 30 millones “de los que 12 millones han sido recortes a los trabajadores”.
Desde la junta rectora del consorcio intentan emitir un mensaje de tranquilidad al asegurar que “no sucederá como en el hospital de Sant Pau”, donde se cruzaron las planes de saneamiento económico y la fiscalización judicial. En este caso, se trata de una maniobra técnica que no tiene prevista la destitución de la actual cúpula directiva.
Los trabajadores acusan a la Generalitat de la situación por adeudar 30 millones al ente comarcal