Incendiados en Suecia tres centros de refugiados en una semana

Mientras el Gobierno sueco trabaja a contrarreloj para alojar a los refugiados antes de que se instale el invierno, otros se afanan por evitarlo. O al menos ese fue el propósito del incendio que este fin de semana arrasó una antigua escuela en Onsala, en el sudoeste del país. El centro estaba siendo acondicionado para hospedar a varios cientos de refugiados. La policía aún está investigando, pero pocos dudan de que se trata de un ataque más contra la política de puertas abiertas del Gobierno. Es el tercer incendio de este tipo en menos de una semana.

El viernes, otro fuego intencionado destruyó una escuela en Ljungby (centro), que también iba a ser utilizada para hacer frente a la crisis. Y, tres días antes, otro edificio que ya estaba a pun- to para acoger a varias decenas de niños refugiados quedó seriamente dañado a causa de otro incendio. En lo que va del año, se han producido unos 14 ataques parecidos. Un fenómeno que no se circunscribe sólo a Suecia, sino que también ha ocurrido en países como Dinamarca o Alemania.

En todos ellos, la derecha antiinmigrante no duda en utilizar el dramático éxodo de los refugiados para alimentar el rechazo y la insolidaridad. El populista partido Demócratas de Suecia no es ninguna excepción. Sin embargo, su discurso no cala en la mayoría de la población, que desde que estalló la crisis se muestra más favorable incluso que antes a acoger a los refugiados. Según una encuesta reciente, el 44% de los suecos cree que su país debería acoger a aún más solicitantes, mientras que un 30% se opone. Asimismo, uno de cada tres ciudadanos se dice dispuesto a acoger a un refugiado en su casa.

Pero lo cierto es que la situación tiene al Gobierno desbordado. Cada semana llegan a Suecia unos 9.000 solicitantes de asilo y las autoridades prevén cerrar el año con unos 150.000, casi el doble que en el 2014, en que Suecia ya fue el país de la UE que acogió a más refugiados per cápita.

Ante la saturación de los centros de acogida, el Ejecutivo socialdemócrata ha empezado a alojar a los refugiados en escuelas, gimnasios e incluso prisiones. Pero ni así hay plazas suficientes y también se están preparando tiendas de campaña, al tiempo que crece el debate sobre el provecho económico que algunos proveedores privados pueden estar sacando. El Gobierno asegura que el sector está inflando los precios, enriqueciéndose a costa de personas que huyen de la guerra y la persecución.