El fiscal pide a la Audiencia investigar a VW por estafa y delito ecológico
Presentadas dos querellas contra la multinacional por el fraude de los motores
Con la petición del fiscal de que se investigue a Volkswagen por posible fraude y delitos medioambientales en España, la Audiencia Nacional está a un paso de aumentar su lista de procesos con honda repercusión económica. La solicitud de la Fiscalía fue efectuada ayer, después de que el sindicato Manos Limpias y una asociación de afectados pidieran que se actuara penalmente contra quienes resulten responsables del falseamiento de los datos de emisiones en vehículos de la marca alemana. En dichas querellas –tesis que ahora acepta el fiscal indiciariamente– se estimaba que dicho fraude podría haber derivado en un delito contra el medio ambiente, más otros de publicidad engañosa, fraude de subvenciones y estafa.
Es la dimensión del caso, tanto económica como territorial, lo que justificaría la intervención de la Audiencia Nacional. El fiscal así lo expone en su informe, dirigido al juez Ismael Moreno, que fue quien recibió las citadas querellas. El fiscal Marcelo de Azcárraga sostiene en este primer escrito que el trucaje de los motores diésel pudo afectar a más de una comunidad, y que las emisiones contaminantes de los vehículos pueden “haber causado daños sustanciales a la calidad del aire”. Con ello justifica sobradamente que la Audiencia intervenga.
Hay, sin embargo, otro motivo por el que estima que estaría justificada la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional. La Fiscalía argumenta en este sentido que el uso de motores de teóricos bajos consumos tienen subvenciones públicas, por lo que “el engaño también podría haber supuesto el desembolso injustificado del erario público”. Al referirse a la información de que se dispone hasta ahora, el fiscal subraya que la manipulación de los propulsores que ha sido denunciada consistiría en la instalación de un programa informático que detecta el momento en el que el coche está en un banco de pruebas, con el fin de reducir sus emisiones contaminantes y situarlas dentro de los límites legales. “La explicación a dicha manipulación –añade– radica en que para lograr un menor consumo de combustible es necesario obtener la mayor eficiencia energética del mismo, para lo cual se ha de someter a altas temperaturas; ello genera, sin embargo, la emisión de gases altamente contaminantes (óxido de nitrógeno)”.
El escrito explica que para resolver este problema la compañía habría utilizado un software capaz de detectar cuándo el coche estaba siendo objeto de pruebas de certificación de emisiones. Ante esto, destaca que el grupo Volkswagen ha emitido varios comunicados en los que reconoce los hechos y la adopción de medidas inmediatas para su solución. En el caso de que estos supuestos fueran ciertos, la Fiscalía indica que el coche estaría emitiendo gases por encima de lo permitido, lo que le habilitaría para circular, pero en esas condiciones presuntamente fraudulentas.
Por todos estos motivos, la Fiscalía pide que el magistrado requiera al Grupo Volkswagen la relación de todos los vehículos afectados en España, que la compañía ya cifró 683.626, de los cuales 221.783 corresponden a Seat, así como los comunicados que ha enviado al respecto y el organigrama en España especificando el personal y las funciones de cada uno. También interesa que el grupo identifique a la empresa a la que se encargó el software manipulado.
Igualmente, el fiscal pide que el Ministerio de Industria aporte toda la información que haya reu- nido sobre el asunto, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental Estadounidense, los informes que le haya aportado la compañía y el montante de las ayudas públicas que se hayan podido otorgar para la adquisición de los coches trucados. Por último, plantea que el Ministerio de Medio Ambiente entregue los informes que haya podido realizar sobre los vehículos manipulados para determinar su grado de emisiones nocivas.
La Fiscalía solicita a Industria que aporte información sobre el asunto, incluidas las ayudas públicas