Cierra el CIE de Barcelona y su futuro queda en el aire
La instalación para extranjeros se clausurará para hacer reformas
Lo que hasta hace muy poco hubiera resultado impensable va a ocurrir. El centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona cierra sus puertas.
La clausura de esta instalación dependiente del Ministerio del Interior es, por el momento, temporal y está prevista inicialmente para el próximo 30 de octubre. Va a quedar inoperante unos tres meses, iniciada ya la nueva legislatura que salga de una inciertas elecciones generales. Finales de febrero es la previsión inicialmente fijada para la acometida de una serie de obras encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de las personas allí retenidas. Su privación de libertad se produce por su condición de ciu- dadano indocumentado y pendiente de ser expulsado de territorio español, principalmente por tener asuntos delictivos pendientes.
Las objeciones de tipo humanitario a este tipo de instalaciones en general y a la de Barcelona en particular hechas desde diferentes instancias sociales y políticas de todo el país han sido una constante casi desde que se crearon. La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asistió a una manifes-
tación frente a las puertas del centro de internamiento de la Zona Franca en protesta por la existencia de esta instalación justo después de ganar las elecciones municipales. Los informes sobre las condiciones de vida de los internos redactados por el juez Joaquín Aguirre, que se encarga del control del centro, han acabado por pesar en la decisión gubernamental. El Ministerio del Interior ha dispuesto una partida económica específica para llevar a cabo una serie de reformas sugeridas por el magistrado.
Por el momento, las órdenes emanadas de Madrid consisten en que no llegue ni una sola persona más a esas instalaciones de la Zona Franca de Barcelona ante la necesidad de dejarlas vacías cuanto antes. Si fuera necesario, y parece que lo será por el apretado calendario, se producirían traslados de internos a otros CIE siempre que no puedan culminarse los procesos de expulsión en los días que quedan hasta el cierre de puertas. En España hay actualmente siete centros de estas características: Madrid, Valencia, Algeciras, Murcia, Gran Canaria, Tenerife y Barcelona. Según fuentes policiales, los CIE de destino de los internos que quedan en la capital catalana serán los de Valencia y Madrid. En algunos casos, los preparativos ya se han puesto en marcha.
Desde hace muchos meses, el CIE de Barcelona se encontraba muy por debajo de su ratio habitual de ocupación. A pesar de estar pensado para 226 internos, últimamente se estaba muy por debajo de la mitad de su capacidad, es decir entre 70 y 90 personas. Según fuentes policiales, más del 80% de las personas privadas allí de libertad están pendientes de ser expulsadas “por haber come- tido delitos en España”. La presencia de ciudadanos sin papeles, pero sin antecedentes penales en España, privados de libertad en este tipo de centros fue desde sus inicios uno de los motivos de crítica permanente. Se ingresaba a personas por el mero hecho de no tener residencia o documentación. Aunque todo ello ocurre en alguna ocasión por motivos específicos, se produce en mucha menor medida. la mayor parte de ellas es por asuntos delictivos.
Muchos de los que están el CIE de Barcelona, además, proceden de otras instalaciones del territorio nacional tanto por una necesi- dad de descongestión en unos casos como por la facilidad que ofrece Barcelona para llevar a cabo las expulsiones. Algunas de ellas se hacen en avión.
Respecto al personal allí destinado, la Jefatura Superior de Policía de Catalunya dedicará un pequeño retén a la vigilancia de las instalaciones mientras duren los trabajos y el resto de agentes serán reabsorbidos de forma provisional por otras unidades dependientes la Brigada provincial de Extranjería, tales como tramitación de expulsiones o investigación, e incluso de otras brigadas como la de Seguridad Ciudadana para la custodia de dependencias oficiales.
En el último auto del juez Aguirre, que parece haber impulsado los cambios, se ordenaba que se instalaran inodoros en el interior de los dormitorios y se establecía una serie de intervenciones “para mejorar las condiciones de estancia de los extranjeros”. También señalaba el magistrado que debían habilitarse más duchas puesto que su escasez provocaba que los internos dispusieran de muy poco tiempo para asearse, lo que al entender del juez, causaba “problemas de convivencia”. Pidió también una mejor asistencia médica “aun cuando el interno carezca de tarjeta sanitaria”. Además, solicitó que se autorizara a los internos a usar el móvil dentro del recinto, algo prohibido hasta ahora con la única limitación de que no fueran dispositivos inteligentes para que no se pudieran hacer fotografías que comprometieran la intimidad del resto de los internos.
El pasado mes de julio el Parlament aprobó una resolución, con los votos contrarios de PP y Ciutadans, en la que instaba al Gobierno central a cerrar todos los CIE. En el texto de la Cámara catalana se instaba a sustituir la reclusión por medidas alternativas como la libertad vigilada.
CRÍTICAS JUDICIAL ES Objeciones de tipo humanitario recogidas en un auto pesan en el cierre temporal
VIGILANCIA DE RIGOR Un grupo reducido de agentes custodiará el recinto mientras duren las obras