La Fiscalía Anticorrupción pone a Catalunya bajo la lupa
La operación Petrum III es el ejemplo de una prioridad autoasignada
La Fiscalía lleva meses volcada en la investigación de los procesos de corrupción abiertos en Catalunya. Y así seguirá. El desenlace de la operación Petrum III, con sus doce detenciones y exhaustivos registros, es un ejemplo, pero no el único. No se trata del cumplimiento de una instrucción política, sino de una prioridad autoasignada por los fiscales especializados de Anticorrupción, con el pleno apoyo y el constante impulso de la Fiscalía General del Estado. Al Gobierno no le hace falta empujar. Le basta con no interferir.
La fiscal general, Consuelo Madrigal, ha hecho suya la técnica de Anticorrupción. Es la del martillo pilón. Si la Fiscalía encuentra un hilo y puede tirar de él por algún lado –aunque sea un documento pasado por una trituradora de papel, como en este caso al registrar CatDem–, ya no lo suelta.
Esa apuesta por no dejar cabos sueltos explica la práctica carta blanca con que han contado los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda para dedicarse con toda intensidad a investigar las supuestas comisiones cobradas por CDC desde la denuncia inicial en 2013 en Torredembarra. Ha sido, está siendo, una labor minuciosa, de reconstrucción de un puzzle, en el que hay algunos nombres propios que pueden determinar el futuro de varias investigaciones hasta ahora dispersas.
Esos nombres propios son, por un lado, los de la empresa Teyco y el de su consejero delegado, Jordi Sumarroca, detenido y enviado a prisión en julio pasado y luego puesto en libertad por la Audiencia de Tarragona. Y por otra el de la sociedad Copisa, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional por las supuestas comisiones y los pagos presuntamente irregulares a Jordi Pujol Ferrusola.
A estas alturas no se puede descartar que todos los afluentes acaben confluyendo en un caudaloso caso de corrupción que se unifique en la Audiencia. De momento, Anticorrupción ya ha pedido que el juez José de la Mata, titular del juzgado central número 5, asuma la investigación sobre el supuesto legado de la familia Pujol, junto al proceso contra el primogénito.
El escrito solicitando la inhibición del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, a favor de la Audiencia, también lleva la firma del fiscal Bermejo. Pero la representante de la Fiscalía que más ha intervenido en el proceso contra Jordi Pujol hijo es la propia teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez. La teniente, que desempeña esta responsabilidad como número dos de Anticorrupción desde 2003, estuvo antes destinada en Barcelona, donde ya se ganó fama de hueso duro en la persecución de los delitos económicos.
Lo mejor de Anticorrupción, en el doble sentido de capacidad y autoridad, tiene por tanto la lupa puesta sobre los procesos abiertos en Catalunya, bajo la batuta del fiscal jefe de esta Fiscalía, Antonio Salinas, que ocupa el puesto desde 2004. Ha sobrevivido, en suma, a gobiernos y fiscales generales de signos opuestos. En parte, por su fina pituitaria y capacidad de orientación. Pero Salinas se jubila el año próximo. El nombramiento de su sucesor es uno de los más importantes que tendrá que realizar el próximo gobierno. Al jefe de Anticorrupción se le ve poco, pero es, sin duda, una de las piezas clave del aparato del Estado, aunque sólo sea por el volumen de información sensible que acumula. El que ahora hay en Anticorrupción sobre los procesos abiertos en Catalunya es elevado. Hasta el punto de que en esa Fiscalía se tiene el convencimiento de que cuando emerjan a la opinión pública todos los datos sobre la operación Petrum III se comprobará que no se trata precisamente de un castillo de naipes.
La designación del nuevo jefe de Anticorrupción queda en manos del próximo gobierno